Centro Agro-Ecológico Demostrativo en Carcaboso.

ROSA M. TRISTÁN

Firmas por Alberto Cañero en Change.org: AQUÍ

Alberto Cañedo, ex alcalde del pequeño municipio de Carcaboso (Cáceres)  no sabe qué hacer para eludir la cárcel. Recientemente escribía en este blog sobre un líder ambiental preso en Guatemala por defender un río pero, sin llegar al riesgo físico que en ese país supone estar en prisión, también en España el caso de Cañedo es la prueba de que en algunas zonas del territorio europeo siguen vigentes estructuras que nos remontan un pasado que creemos superado.

«A Alberto le quieren inhabilitar y  encarcelar por beneficiar a los vecinos de su pueblo, por poner en práctica la ecología política en un pueblo que recibió el Premio de Sostenibilidad de la Unesco», señaló Marta Sánchez, de la Editorial Queimada en la presentación  del libro «Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel», del periodista Eduardo Muriel.

Los problemas para este agricultor con raíces en Carcaboso comenzaron desde que llegó a la Alcaldía dentro de una candidatura ciudadana independiente que se hizo con el Ayuntamiento tras una moción de censura, en 2005, al anterior en el cargo. Dos años después, ganaría por mayoría absoluta. «Carcaboso es un pueblo poco más de mil habitantes, con agua, con buenos suelos pero con un sistema que nos lleva a depender del PER (subsidio agrario), que si bien fija población en los pueblos, también castra iniciativas. Con la crisis de la construcción, en Carcaboso aumentó mucho el paro, así que iniciamos proyectos municipales que dieran trabajo en el pueblo, siempre partiendo de que fuera sostenible», recordaba Cañedo hace unos días en la librería Traficantes de Sueños.

Desde el comienzo, con el nuevo y creativo alcalde se pusieron en marcha iniciativas que tejían a su alrededor sostenibilidad ambiental y social: un registro de productos locales,  huertos en terrenos municipales para cultivos ecológicos, una fábrica de conservas vegetales con apoyo municipal, un gallinero comunitario… Incluso inventaron los ¡jardines comestibles!, que no es otra cosa que cambiar las plantas ornamentales y el césped del pueblo por huertos urbanos de frutales, plantas medicinales u hortalizas de las que disfrutaban los vecinos. Además, abrieron un Centro Agro-Ecológico Demostrativo que fue premiado por el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Mucho cambio en un pueblo pequeño.

Si importante era cuidar el entorno (también se declaró municipio libre de transgénicos), no lo fue menos contar con la participación ciudadana, así que se creó un consejo de ancianos, el Senado de Mayores lo llaman, para que participaran con sus sugerencias en la gestión municipal,  y también se implicó a los niños, permitiendo que acudieran a algunos de los plenos para que aprendieran cómo funcionaba su municipio. «Queríamos que todo el mundo colaborara, que se sintiera parte del proyecto», explicaba el ex alcalde.

Lo que no imaginaba Cañero es que todo ello iba a desencadenar una ‘guerra’ por quienes no estaban dispuestos a dejar el poder así como así. El ‘enemigo’ estaba en la aldea, concretamente en concejales del PSOE, uno de los cuales decidió boicotear su gestión por un método aplastante: presentar cientos solicitudes de información para colapsar al Consistorio. En dos años, el personaje en cuestión llevó más de 700 escritos al Ayuntamiento reclamando datos de lo más variopinto. «Era imposible contestar a todo lo que pedía, así que se empezaron a acumular las peticiones y finalmente me denunciaron por no contestar, y lo hicieron por la vía penal, contra mi persona, no por la administrativa, como hubiera sido lo lógico. Para mi sorpresa, ahí tuve la primera condena, ¡por no responder a tiempo cuando Rajoy acumula miles de preguntas sin contestar en el Congreso!. Es una condena por prevaricación administrativa, como si hubiera robado algo. El fallo señala que en algunos casos tardé cinco meses en contestar, cuando el propio juzgado tardó 11 en dictar sentencia ‘por carga de trabajo’, según especifican. ¿Y 700 escritos no son carga de trabajo? Así que me inhabilitaron por nueve años, aunque para entonces ya había dimitido (2014); también me condenaron al pago de 18.000 euros de multa por seguir de alcalde mientras estaba pendiente del recurso que presenté».

Pero ahí no acabó todo. La misma familia del concejal socialista volvió a denunciarle, en este caso  por prevaricación urbanística por un caso aún más rocambolesco: esta familia tenía una finca en la que construyó seis viviendas. Como el constructor no la urbanizó, el Ayuntamiento no  daba la licencia de habitabilidad a los vecinos que las compraron. La situación se complicó cuando dicho constructor entró en crisis y las familias propietarias se encontraron con que no podían escriturarlas por falta de licencia. «Me dijeron que les daba la licencia o podían perder las casas». Y Alberto se la dió, previo aval para garantizar la urbanización por parte de la constructora. Sin embargo, los mismos que antes no tardaron en denunciarle. «La nueva denuncia fue por prevaricación urbanística y me pidieron 3 años de cárcel y 90.00 euros de multa, otra vez a mi persona. Recurrí y mi abogada no daba crédito porque, en vez de darme la razón, aumentaron la sentencia al condenarme también por responsabilidad civil: otros 36.00 euros». Al tener condena anterior, el riesgo de ser encarcelado está en el horizonte.

Alberto Cañedo está pendiente de un recurso en el Tribunal Constitucional, y si no en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque cree que no lo tiene fácil. «No se si servirá de algo. No tengo un plan. En el pueblo, nadie me ha defendido públicamente, por miedo a perder el PER,  pero luego votan a nuestro partido, que ha vuelto a ganar las elecciones. Lorena Rodríguez es la alcaldesa desde 2015. También a ella la acosan. Lo que he comprobado es que la Justicia es una cosa y la legalidad otra, porque los jueces no son independientes», afirmaba, desesperado, el que fuera un reconocido ‘eco-alcalde’.

Juan López Uralde, diputado de Equo, presente en el acto, recordó la importancia de hacer ‘otra política’ en las zonas rurales para cambiar las cosas. «El caso de Alberto es un drama y no es casual. En una España rural vacía hay muchos diputados en juego y el PP y el PSOE quieren controlarlos. Son los que apoyan políticas como la caza, los toros, la agricultura industrial y proyectos mineros que destruyen el entorno y  así vacían el territorio. Por ello no les gustan las personas como Alberto que defienden otra España rural, activa, de pueblos emprendedores, gente valiente que no puede quedarse en el camiono por determinados caciques», señaló.

«Si tengo que ir a la cárcel iré pero no quiero callarme, porque si voy a la cárcel que sea para cambiar algo, y que sea el último», añadió Alberto. Y por ello ha publicado con Eduardo Muriel el libro, se ha lanzado la recogida de firmas y anda intentando hacerse oír en los medios. Del ecomunicipalismo a la cárcel no puede ser el final.