ROSA M. TRISTÁN

Son muchas décadas las que se lleva alertando sobre la desaparición de la selva amazónica, de los efectos de esa tala indiscriminada sobre el resto del planeta, de la masiva extinción de especies aún por conocer que puede estar teniendo lugar sin siquiera ser conscientes de ello. A este lado del Atlántico casi nadie se ha enterado del brutal recorte presupuestario en Brasil para los organismos que defienden las tierras indígenas, cada vez más ante el ‘lobby’ ejercido por los terratenientes y la agro-industria que maneja al presidente Michel Temer; ni que en Colombia la llegada de la paz no ha frenado la deforestación; o que en Perú, los corruptos políticos de ese país no han impedido que en 2016 desaparecieron 1.600 kms cuadrados de bosque tropical, pese a que hay leyes que lo prohiben. Ese año fue un 5% más que en 2105 y un 7% más que en 2014, así que seguramente 2017 aún será peor cuando se conozcan los datos. Todo ello, en un planeta en el que solamente el 15%  de la cubierta forestal sigue intacta, según el pretigioso World Resources Institute.

Precisamente en este último país, Perú, en el que se indultan crímenes de lesa la Humanidad como los de Alberto Fujimori, la ONG Global Witness ha denunciado recientemente el mayor escándalo de los últimos tiempos por la implicación de empresas en exportaciones ilegales de madera amazónica, gracias a  grabaciones encubiertas difundidas por esta organización. En estas grabaciones, las empresas reconocen que los documentos sobre la procedencia de la madera a menudo se falsifican, lo que da idea de lo organizado que está el negocio.

La denuncia de Global Witness se refiere en concreto al caso de un cargamento de madera transportada desde la Amazonía (Loreto) en el barco Yacu Kallpa a finales de 2015, tras un intento fallido de un fiscal peruano de decomisar parte de la carga. El barco fue posteriormente detenido  en México, cuando navegaba hacia los Estados Unidos. En última instancia, se encontró que más del 96% de la madera que iba a bordo era ilegal. El intento de decomiso – junto con el bloqueo del cargamento previo a su llegada a los Estados Unidos – convirtió al Yacu Kallpa en el escándalo maderero más grande conocido en Perú. De hecho, generó un gran interés mediático en el país y en los medios internacionales y, tras la reacción del sector empresarial de la madera, contribuyó a que se extendieran las protestas en dos de las ciudades madereras más importantes del país.

Entonces, los principales exportadores implicados en el Yacu Kallpa argumentaron en su defensa que la madera contaba con la documentación adecuada, pero en Perú, donde la corrupción en el gobierno regional está fuera de control, era sabido que tales documentos a menudo se falsifican y se usan para lavar madera extraída ilegalmente. Otra cosa es demostrarlo. Para obtener las pruebas, representantes de tres de las 11  empresas exportadoras – Adam Andrews de Corporación Industrial Forestal, William Castro de Inversiones WCA y Dante Zevallos de Sico Maderas – fueron grabados en secreto por miembros de Global Witness, unas declaraciones en las que todos admitieron que la falsificación es habitual. 

“Yo puedo buenamente saber que [la madera] no está viniendo de buena fuente, porque si todos compráramos todo lo que tiene que ser, nadie compra una tabla”, dijo Zevallos a Global Witness (con grabación oculta). “Entonces, sabiendo que probablemente la madera que estoy comprando tiene ese origen, no me preocupaba porque tenía [gesticula como si tuviera papeles en las manos]… Yo era un comprador de buena fe.” Al preguntarle si eso es lo que ocurrió con la embarcación del Yacu Kallpa detenido en México, Zevallos respondió: “Sí, con toda”.

Las grabaciones se han convertido así en evidencias cruciales para la investigación que ahora realiza la Fiscalía de Medio Ambiente del país, donde se esta investigando a más de 100 personas relacionadas con el buque ‘pirata’ Yacu Kallpa. Laura Furones, directora de la campaña de Perú de Global Witness, reconocía a este Laboratorio que estas grabaciones ponen en evidencia cómo el expolio de la selva amazónica queda camuflado de forma habitual bajo una falsa documentación, papeles que eran dados por buena por altos funcionarios del Gobierno peruano cuando el caso se conoció.

Pese a todo ello, esta madera ilegal detenida en México a principios de 2016 fue posteriormente liberada, según un artículo publicado por el medio de comunicación peruano OjoPúblico. En su informe, alegan que la decisión fue tomada por las autoridades mexicanas sin informar a los fiscales peruanos, y tras haber estado sometidas a presiones de los sectores empresariales de la madera del Perú y de México.

Global Witness ha documentado desde hace tiempo cómo el comercio de madera ilegal en el Perú está ligado a asesinatos, trabajos forzosos, evasión de impuestos, prostitución, violaciones de derechos humanos, tráfico de tierras, narcotráfico y hasta el crimen organizado. En definitiva, un negocio que promueve la corrupción generalizada, fomenta la invasión de tierras de pueblos indígenas y contribuye a la deforestación no sostenible y a la degradación de la cuenca de la Amazonía, una fuente importante de emisiones de carbono causante del cambio climático.

En otros países de la zona, la situación es similar, es decir nefasta. En la Amazonía brasileña, la deforestación aumentó en 2015 por primera vez en una década y alcanzó las 800.000 hectáreas entre agosto de ese año y julio de 2016, un 71% más que en 2004. Y en Bolivia, la media de deforestación anual se calcula que es de 350.000 hectáreas al año. Los beneficiarios son empresas como la gran multinacional de la carne Cargill (EEUU), que compran la soja de estas tierras que eran bosques, como recientemente se denunciaba en The New York Times.

Y lo peor. Nada hace presagiar que 2018 vaya a ser mejor…