La dura ‘carta’ del Defensor del Pueblo sobre Madrid Central


 

Respuesta a las quejas ciudadanas por la eliminación o ‘rebaja’ de las restricciones en Madrid Central

ROSA M. TRISTÁN

Soy de una de esas miles de ciudadanas y ciudadanos que al enterarse de que la Corporación municipal de Madrid planeaba eliminar las restricciones de tráfico en Madrid Central envió una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo. Ayer, finalmente, recibí una carta de Francisco Fernández Marugán, que ocupa el cargo en funciones, en la que queda claro que la respuesta que ha recibido de la Comunidad de Madrid, a la que ha exigido información dado que tiene una Estrategia de calidad del Aire y Cambio Climático 2013-2020, deja mucho que desear. En la dura misiva, el Defensor del Pueblo recuerda que dicha estrategia, aprobada por un Gobierno del PP, incluye crear «zona de bajas emisiones y áreas de prioridad residencial» en núcleos urbanos y menciona también un decreto de 2017 en el que se insta a los municipios con más de 75.000 habitantes a elaborar protocolos de actuación para ello (protocolos que sólo tienen aprobados Madrid y Alcobendas).

De la carta, sorprende especialmente que la Consejería de Sanidad madrileña considere que la calidad del aire es un asunto es ajeno a sus competencias, si bien según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación atmosférica provoca cada año 4,2 millones de defunciones prematuras en el mundo y que numerosos estudios científicos, como el publicado en ScienceDirect , demuestran sus efectos en la salud respiratoria, sobre todo en los niños, ancianos y enfermos. Por si no lo conoce, Fernández Marugán recuerda al consejero Enrique Ruiz Escudero que el informe del Ministerio de Transición Ecológica analiza con detalle el impacto en la calidad del aire de partículas PM10 y PM2,5, ozono y dióxido de carbono. «Se concluye que numerosos estudios atribuyen un amplio abanico de enfermedades y efectos adversos en la salud por exposición a mala calidad del aire», indica, por lo que insiste en que «al menos, dicha Consejería debería poner proporcionar estadísticas sobre este asunto», algo que no hace. Es más, recuerda al consejero que parte de su trabajo es «la vigilancia epidemiológica y la información al sistema sanitario y a la población de las medidas preventivas oportunas a aplicar» cuando se superan los niveles de contaminantes.

También ha respondido al Consorcio Regional de Transportes, que le había indicado que no tiene datos sobre impacto de Madrid Central porque lleva poco tiempo en activo y que se queja de que el anterior Consistorio no pidió un informe sobre cómo afectaban las restricciones en el centro de la capital al conjunto de la movilidad regional. Dado que el alcalde José Luis Martínez-Almeida insiste en ‘rebajar’ las restricciones, el Defensor del Pueblo cree que habrá que esperar a ver qué pasa. Por lo pronto, se sabe que sigue habiendo menos contaminación que años anteriores, aunque la bajada se ha frenado desde que se lanzaron dudas sobre su eficacia, por cierto, sin datos objetivos de ningún tipo.

Más crítico es con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Si bien valora positivamente que exista una estrategia de calidad del aire, critica que se base en simulaciones en lugar de datos reales, que si existen en la Red de Calidad del Aire, «como sería lo deseable». Y recuerda, en este caso a la consejera Paloma Martín, que según su propia estrategia, su responsabilidad es coordinar la implatación de medidas para limitar el tráfico de coches muy contaminantes en municipios de más de 100.000 habitantes, entre los que está Madrid, pero también otros nueve (Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Alcobendas). ¿Y qué hace la Comunidad? Pues, según el Defensor del Pueblo sólo recoger información, pero de coordinar nada, por lo que le exige un informe al respecto.

En resumen, que Fernández Marugán vuelve a pedir a la Consejería de Presidencia que haga el favor de ordenar al resto de consejerías del gobierno madrileños que informen de forma adecuada, porque no lo hacen.

En todo caso, en la carta queda en evidencia que tenemos en la Comunidad de Madrid una estrategia que es evidente que no se toma en serio. Que esta Comunidad, en cuya ciudad capital, además de eliminar restricciones al tráfico rodado (que generan el 41% de las emisiones), se supriman carriles-bici, se eliminen zonas peatonales para poner más coches y se tiene amenazas de multas de la UE por ello, vaya a ser sede de la COP 25 , la cita mundial para luchar contra el cambio climático, no deja de ser irónico. No se sabe si el alcalde Martínez-Almeida y la presidenta Isabel Díaz Ayuso se pasarán por allí, si finalmente España es la sede, aunque igual les venía bien.

Mientras, mi queja , como la de miles y miles de residentes en Madrid, sigue su trámite…. y seguiremos informando.

LOS ‘CHANCHULLOS’ DE LOS PAÍSES CON EL ACUERDO DE PARIS


ROSA M. TRISTÁN

Hace tres años que se firmaron los Acuerdos de Paris sobre reducciones de emisiones. Lo han firmado 195 países y hoy es el único instrumento que trata de poner freno a una #EmergenciaClimática global que moviliza a millones de personas estos días. Fue de lo más nombrado en la Asamblea General de la ONU esta semana…

Pero ¿cómo se controla lo que cada país hace con el mismo acuerdo? Esto es lo que se preguntaron dos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que acaban de publicar la respuesta en la revista Environmental Research Letters. En su trabajo, los dirigentes que hemos visto en la ONU hablando de cambio climático quedan bastante mal parados. Y es que de seguir así, apuntan, como otros mucho miles, estos científicos, vamos de cabeza a una nefasta subida de la temperatura global de más de 2ºC para 2050, con todo lo que implica. La falta de trasparencia en los datos, las manipulaciones interesadas de lo que se contabiliza como emisiones, en definitiva, los ‘chanchullos’ para quedar bien en los foros mientras se hace poco, o nada, están convirtiendo el que fuera esperado Acuerdo de Paris en papel mojado. ‘Inoperante’, indican.

El análisis, firmado por Lewis King y Jeroen van den Bergh, es exhaustivo. Para empezar, niegan la mayor: con los compromisos nacionales de emisiones fijados en Paris no se impedirá que la temperatura suba 2ºC. ¿Y cómo lo han hecho? Porque han recogido las emisiones de CO2 que cada país tenía en 2015 y han comprobado las que, según los compromisos adoptados por cada país, tendrán en 2030. De hecho, ya estudios previos indicaban que si todos esos compromisos se cumplieran, la temperatura global subiría entre 2,6º y 3,1ºC, según fuéramos capaces, no ya de no contaminar, sino de recoger de nuestra atmósfera lo que ya está ahí, es decir, capturando el CO2, algo aún más teórico que práctico. ¿Demasiado poca ambición?. Eso parece…

Las manipulaciones o disfunciones detectadas son variopintas, si bien King y Bergh las clasifican en cuatro categorías, según los compromisos nacionales de emisiones (NDC). Hay que recordar que cuando elaboraban la investigación, un total de 147 firmantes (incluidos los 28 de la UE) tenían ya sus NDC concretos.

Lo primero que encontraron es que casi el 80% de los compromisos nacionales de reducción de emisiones están condicionados a factores como el acceso a las finanzas internacionales, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, y ni aunque esto fuera favorable, que ya es difícil, sería probable que las emisiones permitieran mantenernos bajo esos 2ºC. Ademas, ocurre que como los países pueden elegir qué gases del Protocolo de Kyoto incluyen en sus descuentos, los hay que excluyen de sus cuentas contaminantes gases como hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos e incluso el metano y el óxido de nitrógeno. China, por ejemplo, sólo incluye el CO2 en sus compromisos, lo que significa que excluye al 4.9% de las emisiones globales con efecto invernadero. El Acuerdo también permite que los países decidan qué sectores económicos incluyen en sus NDC, y ahí están los que suelen excluir el uso de la tierra y la silvicultura (explotación de bosques). Es otro 1% de las emisiones globales sin contabilizar.

Con todo ello, la primera categoría para los científicos de la UAB serían la de los países que presentan reducciones absolutas de emisiones para un año objetivo en términos porcentuales en relación con un año base histórico. La cuestión es que ese base lo establece el país y oscila entre 1990 y 2014, mientras que el año objetivo es típicamente 2030 y, en algunos casos, 2025. Ahí está la UE.

Luego están los países que indican que la reducción estará al albur ‘un escenario de negocios habitual’, escenario que cada cual decide y que causará una gran variación en las emisiones. Son categoría 2 e incluye también a unos pocos países  (Bután, Etiopía, Omán y Sudáfrica) que se han fijado un objetivo de emisión fija.

El tercer grupo sería el que se ha fijado en el PIB para hablar de reducir su contaminación, es decir, si su PIB crece, disminuirán sus objetivos . Y, por último, los que ni siquiera  fijan un límite de emisiones determinado, aunque mencionen programas de energías verdes a poner en marcha.

Con este ‘batiburrillo’, los dos investigadores optaron por unificar y tomar como año base de contaminación para todos el año 2015, que es el anterior a la firma del Acuerdo, y compararlo con porcentajes emisiones previstas para 2030. Comprobaron así que las promesas de los de la categoría 1 (reducción absoluta de emisiones con condicionantes) son más ambiciosos que el resto (ahí están Norteamérica y la UE), mientras que se esperan aumentos de contaminación en Oriente Medio, Norte de África y el sur de Asia. Bien es verdad que también recuerdan que  aún con esos ‘recortes’ los de categoría 1 contaminarán más que los demás e incluso más que los que ni siquiera marcan un límite (la 4).

Resultado: en términos globales, auguran un aumento de las toneladas de CO2 de un 23.8% entre 2015 y 2030 . Es decir, en nuestra atmósfera terrestre habría en 10 años más unas 892 gigatoneladas de CO2, suficiente para un calentamiento global superior a los 2ºC, teniendo en cuanta la estimación máxima de los compromisos de los países, que si no se cumplen aún sería peor…

Toman como ejemplo cinco países para ver cómo ha hecho las cuentas:  Australia, India, México, Pakistán y Rusia. Australia y Rusia presentaron promesas similares de límites pero resulta que Rusia habla de reducciones de un 25% respecto a 1990, cuando contaminaba mucho más que ahora comparable. Australia, por su parte, se compromete una reducción de 26% a 28%, pero en relación con 2005. Al unificar los datos de ambos, tomando como base 2015, se descubre que las emisiones de Australia caerán el 9%, mientras que aumentarán en Rusia en un 13%, por más que Putin acabe de ratificar este acuerdo en Nueva York.

Y otro caso más: México y Pakistán, que han anunciado que reducirán emisiones según les vaya la economía, parecen en situación similar (20% y 22%, respectivamente) pero con la referencia del 2015, resulta que las emisiones en México disminuirán un 11%, mientras que en Pakistán aumentarían en un 182%, dado su escenario de crecimiento económico

Algo parecido pasa con países de la categoría 3 (emisiones según PIB), donde están China e India, entre ambas un tercio de las emisiones globales. Los investigadores reconocen que «el resultado de sus objetivos es difícil de predecir porque a más crecimiento, mayores son las emisiones», pero usando proyecciones económicas de la OCDE, estiman que  sólo la India aumentaría un 229% las emisiones desde 2015.

Los autores mencionan también algunos fenómenos que pueden darse para ‘escurrir el bulto’, como es trasladar las empresas contaminantes a países en desarrollo con políticas climáticas menos rígidas, o un mayor trasiego mundial de importaciones de productos que son más baratos de unas zonas que en otras, sobre todo en países donde no han fijado ningún límite.

«En vista de esto, nuestro consejo sería evitar que los países presenten sus promesas en un marco que parece más ambicioso que su verdadero efecto. Probablemente sea un desafío lograrlo políticamente, ya que uno de los factores que atrajo a los países al Acuerdo de París fue la libertad de poder establecer sus propios objetivos en un formato de su elección. Sin embargo, lo que estamos proponiendo no es un cambio radical. Para la mayoría de los países  esto implicaría una conversión simple basada en datos ya disponibles, como lo hemos hecho en este análisis. En cambio, será importante lograr el objetivo del Acuerdo de París», apuntan.

Añaden que este Acuerdo de Paris, que a algunos les parece tan avanzado, tanto que incluso se quieren salir de él, en su forma actual, es «inadecuado en el mejor de los casos y, en el peor, extremadamente ineficaz porque la sociedad civil tiene el derecho de poder comprender y comparar claramente los compromisos de cambio climático de los países, incluso si son justos, ambiciosos y se suman a los objetivos climáticos internacionales».

Aseguran que cada país debería convertir sus promesas en objetivos claros de emisión en relación con el año más reciente disponible en los datos, pero sin trampas: incluyendo todos los gases y sectores importantes, no los que les vengan bien. Apuntan que, en el futuro, a medida que los países actualicen sus NDC, este año base debe actualizarse para mantener las promesas relevantes para el próximo período.

Con ello creen que se ayudará a producir objetivos de mayor ambición y más abiertos al escrutinio externo, a la vez que, una vez uniformizadas las promesas de todos, habrá más presión para ser más ambiciosos  cada cinco años bajo el mecanismo del Acuerdo de París.