La decisión del presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, de quedarse con los ahorros de los científicos (llamados remanentes), que habían ido guardando para dar viabilidad a sus proyectos, y utilizarlos en otros gastos, ha sentado como un tiro a la plantilla, hasta tal punto que un grupo de ellos ha decidido buscar asesoría legal para tener la certeza de que esa especie de ‘corralito’ se ajusta a la Ley y en caso contrario llevar el caso a los Tribunales. Eso si, lo que tienen claro es su «patente inmoralidad».

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