#COP25: Las incertidumbres de una cumbre con demasiados agujeros


 

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, en el plenario de la #COP25 @RosaTristán

ROSA M. TRISTÁN

Son muchos los que se preguntan para qué sirven las cumbres del clima si las empresas contaminantes siguen contaminando, los gobiernos de los países más ‘sucios’ no vienen y los bancos siguen financiando combustibles fósiles mientras los desastres proliferan por el mundo, sobre todo por el hemisferio sur. Esta cumbre chilena, que tuvo de trasladarse a España precisamente por conflictos sociales generados de una profunda desigualdad social, nació con el pie cambiado. En el fondo, era una cumbre de transición hacia la de Glasgow, en 2020, que es cuando los países que hace cuatro años suscribieron un laborioso Acuerdo de París deberían aumentar sus compromisos con el clima, tomando impulso hacia una descarbonización de la atmósfera terrestre que en su estado actual ya está matando a demasiada gente.

Pues bien, la realidad es que hay poco optimismo en el horizonte. Si algo ha quedado claro estos días en Madrid es que hay un total consenso científico respecto a la emergencia: los investigadores reconocen que sus previsiones se quedaron cortas y nos ‘calentamos’ más de lo esperado. Pero también es evidente que no se frena la contaminación: sólo este año echaremos al aire que respiramos 36.800 millones de toneladas métricas de C02, según un trabajo publicado ayer en ScienceNews. Y es que pese a que aumentan las energías renovables, incluso en Estados Unidos a pesar de Donald Trump, también lo hace el consumo global, un carro que consume mucha energía. “Debemos acordar cómo vamos a ordenar en 2020 nuestros compromisos con arreglo a la ciencia y hay muchas países que dicen que hace falta más ambición, mientras otros quieren que nos quedemos en la letra pequeña, en un paso a paso”, declaraba la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pocas horas antes del fin de las negociaciones.

En el otro lado de la COP25 ha quedado claro que la presión de la sociedad civil va en alza, y no solo en las manifestaciones. Fuentes oficiales reconocen que ahora los ciudadanos y las empresas quieren estar y quieren tener voz en ella más allá de sus gobiernos. De hecho, es lo que les gritaban unas 200 personas esta semana en una protesta junto a la sala del plenario: ‘Power for people’. Pero es un protagonismo que no todos los dirigentes entienden ni comparten.

Tampoco las gentes del sur comprenden cómo los problemas que les ha generado el cambio climático –provocado por un gas y un petróleo que impulsó el desarrollo en el norte durante el siglo XX- se van a solucionar poniendo precio a la contaminación que otros crean, una ‘suciedad’ que según el mencionado Acuerdo de Paris, firmado en 2015, se venderá en un mercado entre gobiernos y empresas: en otras palabras, permitirá que si alguien contamina más de lo comprometido pueda comprar ‘aire limpio’ (en forma de iniciativas como son reforestaciones, parques eólicos, bosques, etcétera) a quien tiene de sobra. Es el controvertido artículo 6, que se plantea como una alternativa para un mercado de transición. Se trata de resucitar una alternativa que, en términos similares, ya fue aprobada con el Protocolo de Kioto (hace 22 años) que no funcionó porque resulta que los países hacían ‘trampas’ y contaban el ‘aire limpio’ (metafóricamente) dos veces. Ahora se buscaría una mayor transparencia, pero es algo que no gusta a países como Brasil, India o China (por cierto, ahora mismo el más contaminante del planeta), que quieren que les convaliden sus cuentas tal como están.

Pueblos indígenas amazónicos, en la #COP25. @RosaTristán

Este ‘mercado de carbono’ no gusta nada a las organizaciones de la sociedad civil, aunque si a las empresas. Para la mayoría de las primeras, “es una opción que no tienen nada que ver con los derechos humanos y que permitirá seguir contaminando, así que no es una solución real porque ya están echando a la gente con obras como hidroeléctricas o proyectos que se venden como energías limpias”, en palabras de Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra en Togo. Para las segundas, las compañías, es una oportunidad que se abre ahora que podrían participar en el negocio.

Otro asunto, además, es el precio que se ponga a cada tonelda de carbono porque si es barata, como algunos países pretenden, se desmoronaría el mercado actual en la UE (basado en Kioto), así que parece que tampoco por ahí habrá acuerdo, pese a que desde el primer día el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, lo puso como uno de los objetivos fundamentales de la COP25.

Otro asunto enquistado es el de las ayudas a los países donde ya muere gente, donde ya miles y miles tienen que dejar sus casas por un desastre natural de origen climático. Son millones hoy en África del Sur (impacta ver las cataratas Victoria secas), millones en Haití (la crisis humanitaria arrastrada por la combinación de sequías y corruptelas va en aumento) y más millones en Mozambique, donde los últimos huracanes han generado pérdidas económicas que han endeudado más al país gravemente, aumentando su deuda externa.

El Fondo Verde del Clima que debería servir para que el Sur se adaptara o mitigara los impactos del cambio climático son misérrimos: sus previsiones que tuviera 100.000 millones de dólares en 2020 y no llegan ni a 10.000 (por cierto, España ha aprobado dar 100 millones de euros más). Las críticas a ello han proliferado en la cumbre. Otra cuestión era impulsar otro fondo para esos daños y pérdidas que ya existen (lo llaman mecanismo WIM) que está bloqueado desde 2013. Tampoco en este asunto se ha avanzado, pese que era una de las principales demandas de los países en desarrollo y las organizaciones sociales. En la COP25 se reconoce que es una ‘demanda legítima’ pero todo se quedará en crear otro grupo de trabajo más para hablar del tema.

República de Kiribati, un país del Pacífico en riesgo de inundación total.

Con este panorama, conseguir que ‘las partes’ (vamos, los dirigentes de los países) hagan caso a la ciencia y vayan ‘más allá’ de los insuficientes compromisos de recortes de emisiones (que por cierto no han cumplido y de momento son solo papel) de 2015 es complicado. Algunos, con ese ánimo de retardar el asunto, dicen que es mejor analizar con detalles lo hecho hasta ahora antes de ir hacia adelante y que Paris daba plazo hasta 2023; otros (casi todos europeos) meten prisas ante la emergencia climática, mientras los que quieren retrasarlo no quieren que, de alguna forma, se reconozcan sus frenos para no quedar mal. De momento, tan solo 73 países han anunciado compromisos más firmes de más recortes contaminantes para 2020, pero basta mirar la lista para comprobar que entre ellos faltan casi todos los grandes (EEUU, China, Japon, India…) y ni siquiera está toda la UE (España, si).

A todo esto, y pese a que desde fuera se insiste en soluciones que vayan más allá de estos puntos, y que se incluyan las soluciones que ofrece la biodiversidad natural y las producciones locales, es decir, que se cuente con la naturaleza y los muchos pueblos que la habitan, de momento las menciones son mínimas a estos temas.

La manifestación convocada el viernes frente a Ifema por FRidays For Future y muchas organizaciones más no es sino el espejo de esa doble mirada sobre una misma realidad. Es el grito de protesta de los jóvenes que quieren heredar un planeta como el que algunos conocimos, con luciérnagas en la noche y también los pueblos indígenas acosados por macroproyectos y agronegocios que no son compatibles con sus formas de vida y los pequeños granjeros africanos que abandonan su tierra y cruzan desiertos en migraciones climáticas ocultas bajo la capa de la pobreza. El grito de quienes, una vez más, se sienten decepcionados.

Pero también están en la COP25 empresas que anuncian a bombo y platillo grandes reconversiones, como es el caso de Endesa; o bancos como el Santander que, según el informe Banking on climate change: fossil fuel finance report card 2019 , entre los años 2016 y 2018 aumentó un 566% la financiación a empresas que extraen gas y petróleo en el Ártico. El Santander está presidido por Ana Botín, quien ante el secretario general de la ONU recordaba en esta COP25 el impacto que sufrió al ver con sus ojos el cambio climático en Groenlandia (sólo allí se han perdido 3.800 millones de toneladas desde 1992). “La buena noticia es que las grandes empresas han comprendido que no pueden quedarse atrás en la transición ecológica, y eso ya es un gran paso respecto al pasado. Son lentas y les cuesta, pero saben que no queda otra”, reconocen los más optimistas.

Y en medio, lugares como la República de Kiribati, un país entero que podría desaparecer con la subida del nivel del mar. Su presidente Taneti Mamau ha estado en la COP25 para recordar que existen y precisan apoyo. Ya están comprando terreno en las isla Fiji para emigrar en bloque si todo sigue como parece.

 

 

 

 

LOS ‘CHANCHULLOS’ DE LOS PAÍSES CON EL ACUERDO DE PARIS


ROSA M. TRISTÁN

Hace tres años que se firmaron los Acuerdos de Paris sobre reducciones de emisiones. Lo han firmado 195 países y hoy es el único instrumento que trata de poner freno a una #EmergenciaClimática global que moviliza a millones de personas estos días. Fue de lo más nombrado en la Asamblea General de la ONU esta semana…

Pero ¿cómo se controla lo que cada país hace con el mismo acuerdo? Esto es lo que se preguntaron dos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, que acaban de publicar la respuesta en la revista Environmental Research Letters. En su trabajo, los dirigentes que hemos visto en la ONU hablando de cambio climático quedan bastante mal parados. Y es que de seguir así, apuntan, como otros mucho miles, estos científicos, vamos de cabeza a una nefasta subida de la temperatura global de más de 2ºC para 2050, con todo lo que implica. La falta de trasparencia en los datos, las manipulaciones interesadas de lo que se contabiliza como emisiones, en definitiva, los ‘chanchullos’ para quedar bien en los foros mientras se hace poco, o nada, están convirtiendo el que fuera esperado Acuerdo de Paris en papel mojado. ‘Inoperante’, indican.

El análisis, firmado por Lewis King y Jeroen van den Bergh, es exhaustivo. Para empezar, niegan la mayor: con los compromisos nacionales de emisiones fijados en Paris no se impedirá que la temperatura suba 2ºC. ¿Y cómo lo han hecho? Porque han recogido las emisiones de CO2 que cada país tenía en 2015 y han comprobado las que, según los compromisos adoptados por cada país, tendrán en 2030. De hecho, ya estudios previos indicaban que si todos esos compromisos se cumplieran, la temperatura global subiría entre 2,6º y 3,1ºC, según fuéramos capaces, no ya de no contaminar, sino de recoger de nuestra atmósfera lo que ya está ahí, es decir, capturando el CO2, algo aún más teórico que práctico. ¿Demasiado poca ambición?. Eso parece…

Las manipulaciones o disfunciones detectadas son variopintas, si bien King y Bergh las clasifican en cuatro categorías, según los compromisos nacionales de emisiones (NDC). Hay que recordar que cuando elaboraban la investigación, un total de 147 firmantes (incluidos los 28 de la UE) tenían ya sus NDC concretos.

Lo primero que encontraron es que casi el 80% de los compromisos nacionales de reducción de emisiones están condicionados a factores como el acceso a las finanzas internacionales, la transferencia de tecnología y la cooperación internacional, y ni aunque esto fuera favorable, que ya es difícil, sería probable que las emisiones permitieran mantenernos bajo esos 2ºC. Ademas, ocurre que como los países pueden elegir qué gases del Protocolo de Kyoto incluyen en sus descuentos, los hay que excluyen de sus cuentas contaminantes gases como hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos e incluso el metano y el óxido de nitrógeno. China, por ejemplo, sólo incluye el CO2 en sus compromisos, lo que significa que excluye al 4.9% de las emisiones globales con efecto invernadero. El Acuerdo también permite que los países decidan qué sectores económicos incluyen en sus NDC, y ahí están los que suelen excluir el uso de la tierra y la silvicultura (explotación de bosques). Es otro 1% de las emisiones globales sin contabilizar.

Con todo ello, la primera categoría para los científicos de la UAB serían la de los países que presentan reducciones absolutas de emisiones para un año objetivo en términos porcentuales en relación con un año base histórico. La cuestión es que ese base lo establece el país y oscila entre 1990 y 2014, mientras que el año objetivo es típicamente 2030 y, en algunos casos, 2025. Ahí está la UE.

Luego están los países que indican que la reducción estará al albur ‘un escenario de negocios habitual’, escenario que cada cual decide y que causará una gran variación en las emisiones. Son categoría 2 e incluye también a unos pocos países  (Bután, Etiopía, Omán y Sudáfrica) que se han fijado un objetivo de emisión fija.

El tercer grupo sería el que se ha fijado en el PIB para hablar de reducir su contaminación, es decir, si su PIB crece, disminuirán sus objetivos . Y, por último, los que ni siquiera  fijan un límite de emisiones determinado, aunque mencionen programas de energías verdes a poner en marcha.

Con este ‘batiburrillo’, los dos investigadores optaron por unificar y tomar como año base de contaminación para todos el año 2015, que es el anterior a la firma del Acuerdo, y compararlo con porcentajes emisiones previstas para 2030. Comprobaron así que las promesas de los de la categoría 1 (reducción absoluta de emisiones con condicionantes) son más ambiciosos que el resto (ahí están Norteamérica y la UE), mientras que se esperan aumentos de contaminación en Oriente Medio, Norte de África y el sur de Asia. Bien es verdad que también recuerdan que  aún con esos ‘recortes’ los de categoría 1 contaminarán más que los demás e incluso más que los que ni siquiera marcan un límite (la 4).

Resultado: en términos globales, auguran un aumento de las toneladas de CO2 de un 23.8% entre 2015 y 2030 . Es decir, en nuestra atmósfera terrestre habría en 10 años más unas 892 gigatoneladas de CO2, suficiente para un calentamiento global superior a los 2ºC, teniendo en cuanta la estimación máxima de los compromisos de los países, que si no se cumplen aún sería peor…

Toman como ejemplo cinco países para ver cómo ha hecho las cuentas:  Australia, India, México, Pakistán y Rusia. Australia y Rusia presentaron promesas similares de límites pero resulta que Rusia habla de reducciones de un 25% respecto a 1990, cuando contaminaba mucho más que ahora comparable. Australia, por su parte, se compromete una reducción de 26% a 28%, pero en relación con 2005. Al unificar los datos de ambos, tomando como base 2015, se descubre que las emisiones de Australia caerán el 9%, mientras que aumentarán en Rusia en un 13%, por más que Putin acabe de ratificar este acuerdo en Nueva York.

Y otro caso más: México y Pakistán, que han anunciado que reducirán emisiones según les vaya la economía, parecen en situación similar (20% y 22%, respectivamente) pero con la referencia del 2015, resulta que las emisiones en México disminuirán un 11%, mientras que en Pakistán aumentarían en un 182%, dado su escenario de crecimiento económico

Algo parecido pasa con países de la categoría 3 (emisiones según PIB), donde están China e India, entre ambas un tercio de las emisiones globales. Los investigadores reconocen que “el resultado de sus objetivos es difícil de predecir porque a más crecimiento, mayores son las emisiones”, pero usando proyecciones económicas de la OCDE, estiman que  sólo la India aumentaría un 229% las emisiones desde 2015.

Los autores mencionan también algunos fenómenos que pueden darse para ‘escurrir el bulto’, como es trasladar las empresas contaminantes a países en desarrollo con políticas climáticas menos rígidas, o un mayor trasiego mundial de importaciones de productos que son más baratos de unas zonas que en otras, sobre todo en países donde no han fijado ningún límite.

En vista de esto, nuestro consejo sería evitar que los países presenten sus promesas en un marco que parece más ambicioso que su verdadero efecto. Probablemente sea un desafío lograrlo políticamente, ya que uno de los factores que atrajo a los países al Acuerdo de París fue la libertad de poder establecer sus propios objetivos en un formato de su elección. Sin embargo, lo que estamos proponiendo no es un cambio radical. Para la mayoría de los países  esto implicaría una conversión simple basada en datos ya disponibles, como lo hemos hecho en este análisis. En cambio, será importante lograr el objetivo del Acuerdo de París”, apuntan.

Añaden que este Acuerdo de Paris, que a algunos les parece tan avanzado, tanto que incluso se quieren salir de él, en su forma actual, es “inadecuado en el mejor de los casos y, en el peor, extremadamente ineficaz porque la sociedad civil tiene el derecho de poder comprender y comparar claramente los compromisos de cambio climático de los países, incluso si son justos, ambiciosos y se suman a los objetivos climáticos internacionales”.

Aseguran que cada país debería convertir sus promesas en objetivos claros de emisión en relación con el año más reciente disponible en los datos, pero sin trampas: incluyendo todos los gases y sectores importantes, no los que les vengan bien. Apuntan que, en el futuro, a medida que los países actualicen sus NDC, este año base debe actualizarse para mantener las promesas relevantes para el próximo período.

Con ello creen que se ayudará a producir objetivos de mayor ambición y más abiertos al escrutinio externo, a la vez que, una vez uniformizadas las promesas de todos, habrá más presión para ser más ambiciosos  cada cinco años bajo el mecanismo del Acuerdo de París.