¿Deforestas? Cuatro árboles por persona al año en los países ricos


Una investigación de ‘Nature’ revela el impacto del comercio internacional global en la deforestación tropical

ROSA M. TRISTÁN

Incendio en la Amazonía.

La imagen de los miles de contenedores varados en el Canal de Suez, tras el accidente del gigantesco buque Ever Given (Evergreen, pone en su casco) da idea del volumen de un comercio global que implica millones de toneladas de recursos naturales (léase agua, tierra, biodiversidad, minerales o bosques) viajando de un lugar a otro del planeta. Ahora, una investigación publicada en Nature, pone algunas preocupantes cifras a lo que se refiere a los árboles: cada persona de los países más ricos del planeta consume al año una media de cuatro árboles o 58 m2 de bosque al año y, lo que es peor, muchos proceden de los trópicos. Algunos, comos los suecos, llegan a los 22 árboles. ¿Cómo es posible entonces que en sus informes nacionales florezcan los bosques?

Una investigación de los japoneses Nguyen Tien Hoang y Keiichiro Kanemoto, del Instituto de Investigación de la Humanidad y la Naturaleza de la Universidad de Kioto, contesta a esta pregunta con un análisis de la deforestación global desde el punto de vista del comercio internacional que abarca desde 2001 a 2015. Volviendo al Ever Given ¿Cuánta madera habrá sido talada para llenar un buque de esas dimensiones? ¿Y los más de 300 que esperaban detrás?

Nguyen explica, por email, que  “mientras tienen ganancias forestales netas a nivel nacional, muchas economías importantes, como China, India, los países del G7 (excepto Canadá, donde el área de cubierta forestal se reduce)  y otros países desarrollados han expandido principalmente sus huellas de deforestación no doméstica en todos los biomas forestales, entre los que destacan los bosques tropicales” . Es decir, que “las importaciones de productos básicos relacionados con la deforestación tropical tienden a aumentar, mientras que se informa que la tasa de deforestación global está disminuyendo”.

Gráfico sobre la huella pér cápita de la deforestación

Para esta investigación, Nguyen y Keiichiro han utilizado datos de teledetección y un modelo de entrada-salida de productos de múltiples regiones, mapeando los cambios espacio-temporales en las huellas de deforestación global durante esos 15 años con una resolución de 30 metros.  “Dado que es la deforestación es la principal amenaza para la biodiversidad, nuestros mapas pueden ayudar a los legisladores a seleccionar los puntos críticos de especies que puede priorizar un país específico para reducir el impacto ecológico de su huella de deforestación. Además, políticos y las empresas pueden tener una idea aproximada de dónde y qué cadenas de suministro están causando esa deforestación y revisarlas para buscar soluciones específicas”, argumenta Nguyen.

De hecho, los 3,9 árboles que indirectamente talan al año cada uno de los consumidores que habitan en el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) proceden de puntos críticos de biodiversidad, como el sudeste asiático, Madagascar, Liberia, América Central y la Amazonía. Y son pérdidas asociadas a las actividades humanas, como la agricultura, silvicultura, urbanización o la producción de servicios básicos, sin considerar los incendios forestales, que no tienen que ver directamente con el comercio internacional, aunque si en gran parte con la actividad huamana. También dejaron fuera lo relativo a los consumos nacionales.

Las huellas de la deforestación, indican, son muy visibles en Brasil, Madagascar, Argentina, Indonesia y Costa de Marfil, que exportan productos que dañan los bosques (ganado, soja, café, cacao, aceite de palma y madera) al G-7 y China. Es llamativa la huella de algunos consumos muy concentrados, como el caso de Singapur (cuyo impacto se siente en Malasia, Sarawak, Madagascar o en el Petén  de Guatemala). La huella deforestadora de China, Japón y Alemania es también muy elevada en África y la Amazonia.

Incluso hacen un mapeo por productos concretos: el consumo de cacao en Alemania destruye los bosques de Costa de Marfil y Ghana, el algodón y sésamo que compran los japoneses, afecta a  la costa de Tanzania y el caucho y la madera que importa los chinos les llega de Indochina y el norte de Laos. En el caso de Estados Unidos, los puntos críticos son sus importaciones de madera de Camboya y Canadá, caucho de Liberia, frutas y nueces de Guatemala, carne y soja de Brasil y Chile. De la UE destacan que está entre los grandes importadores de soja y carne brasileña, que fomenta la destrucción de la Amazonía y la larga mano de China la detectan en las talas en Malasia, de donde importa palma de aceite, caucho y cacao.

Los investigadores encuentran que, pese a que aumenta la concienciación social sobre la deforestación, países como China e India han expandido su huella rápidamente: en 2014, la deforestación causada por sus importaciones fue más de seis veces superior a la de 2001.

Otros países del G20 también entraron en déficit en 2015.

Respecto a la pérdida promedio de árboles importados por persona en Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido fueron similares, alrededor de la mitad de los cinco árboles por estadounidense. Y si el consumo sueco supone 22 árboles por persona (la biomasa representa el 23% del suministro de energía nacional), en Noruega y Canadá rondan los 16. Pero para los autores, lo importante no es tanto el número como el rol que tiene ese árbol en la biodiversidad: “El impacto ambiental de tres árboles de la selva amazónica puede ser más grave que el de 14 árboles de una plantación por un noruego”.

Detectan, además, cómo hay países (como EEUU y Rusia) que importan ‘bosques tropicales’ mientras exportan ‘bosques boreales”. ¿Cómo no va a haber ‘atascos’ de tráfico de impacto global? Porque comprueban que en los 15 años de su estudio es una tendencia que va a más: la deforestación ‘importada’ es ya del 74% en USA y del 77% en Rusia; y en el caso de Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, en 2015 entre el 91% y el 99% y, de ella, entre el 46% y el 57% procedía de zonas tropicales.

Asimismo, ponen en evidencia como la deforestación y el PIB tiene mucho que ver: en esos 15 años todos los países desarrollados, salvo excepciones, aumentaron su PIB per cápita, es decir, su consumo y su dependencia de lo que importan. “El crecimiento económico no evita la deforestación, sino que la potencia, por más que a nivel nacional los países ricos eviten pérdidas de bosques”, aseguran.

Es decir, que si bien detectan un aumento de la concienciación contra la deforestación tropical –con iniciativas como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD +), que pone en valor no deforestar, o el consumo de bosques sostenibles, cuyos productos son certificados como tales, no es suficiente. “Los fondos disponibles para asegurar estos acuerdos y las certificaciones son limitados y su efectividad para detener la deforestación sigue siendo incierta. Más del 80% de las áreas forestales certificadas en el marco del Programa para la Aprobación de la Certificación Forestal (PEFC), el sistema de certificación forestal líder en el mundo, se encuentran en Europa y América del Norte, no en los países de acogida de la deforestación tropical”, recuerda Nguyen.

Tampoco está siendo efectiva, a su modo de ver, la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, aprobada en 2014, con la que pretendía reducir la deforestación en un 50% para el año 2020. Nada más lejos de lo logrado porque, recuerdan, las acciones son lentas, no cubren toda la oferta de productos y, además, hay poca transparencia y mucho blanqueo y fugas de madera.

¿Soluciones?

Los autores insisten en que proteger los bosques tropicales requiere soluciones integrales y a largo plazo, porque no vale mejorar mucho en el norte si con ello empeoramos la zona más rica del planeta.

Queremos que la gente piense en la deforestación antes de consumir productos que hacen peligrar esos bosques. Combatir la deforestación es una responsabilidad compartida entre los sectores público y privado y entre productores y consumidores. Y los países desarrollados tienen bases financieras y legales sólidas para reducir su huella de deforestación. Por el contrario, la protección de los bosques en los trópicos, principalmente en países pobres, requiere soluciones integrales a largo plazo, junto con una financiación significativa”, señala el investigador japonés. “Noruega ha comenzado recientemente a pagar parte de un acuerdo de 1.000 millones de dólares a Indonesia para reducir las emisiones forestales. También escuchamos que el gobierno alemán había impulsado recientemente ‘regulaciones vinculantes’ para toda la UE sobre el cacao producido de manera sostenible. Son buenos pasos adelante en la reducción de la deforestación tropical incorporada en el comercio y el consumo internacionales”.

No puedo dejar de mencionar otra investigación reciente, publicada en Frontiers in Veterinary Science, que apunta a la deforestación tropical como una de las principales causas de pérdida de biodiversidad con un impacto negativo en la salud humana. En este caso, lo hacen estudiando la cobertura forestal y el aumento de plantaciones de palma aceitera en varios países y encuentran una relación entre brotes de enfermedades zoonóticas, transmitidas por vectores, entre 1990 y 2016, en la deforestación de los trópicos, pero también en la reforestación de zonas templadas, que suele hacerse sin atender a la biodiversidad de especies.

Los autores, en este caso investigadores de Tailandia y Francia, insisten en “la necesidad de construir urgentemente un marco de gobernanza internacional para garantizar la preservación de los bosques y los servicios ecosistémicos que brindan, incluida la regulación de enfermedades”, algo que ahora más que nunca se está poniendo en evidencia con la pandemia de coronavirus.

En definitiva, bosques, comercio y salud son un trío hoy indisoluble en un desequilibrio que nos hará caer. Multiplicar 4 árboles per cápita al año por cada uno de nosotros da una cifra de vértigo para una cubierta forestal que ya ocupa apenas el 30% de la tierra de la Tierra.

Los árboles revelan que las mayores sequías en 2.000 años fueron las de 2015 y 2018


@ROSA M. TRISTÁN

ROSA M. TRISTAN

Europa se seca más que en los últimos 2.100 años, cuando el Imperio Romano era el mandamás del continente y promovió una deforestación tan intensa que dejó el suelo del Viejo Continente erosionado en toda la cuenca del Mediterráneo. Ahora es el cambio climático, también generado por los seres humanos, lo que nos está secando y precisamente nos lo cuentan los árboles a los que tan poco aprecio tenía Julio César. 

Utilizando los anillos de los troncos, que son estables en isótopos de carbono y oxígeno, un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge y la Academia de Ciencias Checa, publican en Nature Geoscience esta semana el resultado de un trabajo con más de 27.000 mediciones realizadas en la República Checa y sureste de Bavaria, además de las cercanías (Alemania, Austria, Hungría, Eslovaquia…). Gracias a estos anos nos remontan en la historia, hasta el clima del año 75 a. C. Más de dos milenios atrás, en los que 21 robles vivos y 126 relictos (Quercus spp.) han sido testigos de sequías de tiempos tan remotos como la que hubo en el año 40, el 590 y el 950l 1510 d.C. También las del siglo XXI, que son las más intensas. “Nuestra reconstrucción demuestra que la secuencia de sequías estivales en Europa desde 2015 no tiene precedentes en los últimos 2.110 años. Esta anomalía hidroclimática probablemente sea causada por el calentamiento antropogénico y los cambios asociados en el posición de la corriente en chorro de verano”, señalan en sus conclusiones.

En concreto, en el trabajo utilizan dos especies de robles: el Quercus robur y el Quercus petraea, los géneros muy extendidos
en Europa central. Explican que el crecimiento del roble está limitado por la disponibilidad de humedad del suelo, sobre todo en el  período que va desde finales de primavera hasta principios de otoño. Los investigadores, liderados por Ulf Büntgen, además de los árboles vivos, recurrieron a fósiles y a madera histórica de construcciones de campanarios y torres de iglesias, así como muestras arqueológicas que extrajeron en colaboración con varias entidades comerciales durante las excavaciones. “Es la primera vez en la historia que tenemos una visión tan completa de la historia del clima en Europa y se confirma que estamos en el periodo más seco”, señala el biólogo Fernando Valladares sobre este trabajo.

Y es que en el artículo mencionan expresamente los graves impactos de las tres últimas grandes sequías europeas: la de 2003 (hubo más de 70.000 muertos por el calor aquel verano), la de 2015 y la de 2018, sobre todo en el sur del continente, donde hubo un aumento de plagas, pérdida de cosechas, límites al tráfico marítimo e incluso problemas de refrigeración en las centrales nucleares. No hay nada parecido en los dos milenios anteriores.

No es que sean las primeras… En lo que llaman Atlas de Sequías del Viejo Mundo recogen otras variaciones de sequedad y humedad antiguas y encuentran que entre la Edad Media y 1978 había sequías son interanuales y por decenios, si bien nunca hubo una tendencia a un clima seco como en las últimas décadas, sobre todo desde los años 50 del siglo XX. Las más extremas, no obstantes, fueron en 2015 y 2018. Antes de estas últimas, señalan, los más episodios más llamativos habían tenido lugar entre  los años 1490 y 1540, con un pico en torno a 1508-9. También hubo un periodo de aridez en torno a la Pequeña Edad de Hielo, en el siglo VI, un momento de grandes migraciones humanas. Siglos después, en la madera quedó registrado un periodo húmedo, en el XIII y XIV, que coincidió con la terrible Peste Negra.  Y más adelante, los anillos retrataron la llamada ‘sequía del Renacimiento’, en pleno siglo XVI, momento en el que Centroeuropa se llenó de más de 70.000 embalses y sistemas de recogida de agua para paliar sus efectos.

“Es una investigación muy interesante porque utiliza los isótopos de carbono y oxígeno para dar una visión muy completa del pasado. Conocíamos un trabajo de reconstrucción de las temperaturas de los últimos 11.000 años [se han hecho análisis con insectos semifosilizados y con sedimentos de tierra y hielo] pero no con este nivel de detalle. Lo más aproximado que había eran trabajos hasta dos siglos atrás, pero aquí usan un bio-indicador como es un árbol y la forma como vive la sequía con un detalle revelador”, señala el científico español. 

Los investigadores añaden que, en contraste con hallazgos realizados de Europa Occidental y en el occidente Cuenca mediterránea, el aumento e intensidad de las sequías en Centroeuropa no tiene que ver con grandes erupciones volcánicas. Ninguna de las cuatro erupciones históricas más grandes – la de 536 (desconocida), en 1257 (Samalas), en 1783-1784 (Laki) y en 1815 (Tambora)-, parecen haber afectado a esta zona ni haber causado variaciones de clima. Tampoco lo hicieron las 12 erupciones que ocurrieron entre el año 100 y el año 1200. De ahí que apunten a las emisiones de gases con efecto invernadero de origen en la actividad humana como causantes de las últimas grandes sequías, lo que no hace sino confirmar que el cambio climático es una realidad.

Por último, reconocen que los impactos de la circulación atmosférica y oceánica en el norte del Atlántico sobre las sequías en el continente europeo son un ámbito de estudio que todavía es muy desconocido. Así que queda mucho trabajo pendiente, y habrá que esperar a modelos simulen la variabilidad hidroclimática regional con mayor precisión, pero lo que parece claro es que los árboles y su madera son un buen termómetro de lo que está pasando en la Tierra. Además de arder cada vez en incendios más monstruosos, sucumbir a tormentas extremas (como Filomena, en España) o no prosperar en zonas donde antes si lo hacían, son cuidadosos ‘escribanos’ de lo que estamos haciendo. 

 

Frente a las presiones, nuevo manifiesto en favor del lobo ibérico


Manada de lobos en Asturias, captada por foto-trampeo. @CENSO NACIONAL LOBO IBÉRICO/ Angel M. Sánchez

La iniciativa del Censo Nacional Lobo Ibérico, con unas 500 firmas recogidas, avala la decisión del Gobierno de proteger la emblemática especie pese a las presiones recibidas

 

ROSA M. TRISTÁN

Casi 500 investigadores, asociaciones de conservación, políticos y particulares de todo el país han firmado un “Manifiesto por la Protección del Lobo”, promovido por el proyecto científico Voluntariado Nacional para el Censo del Lobo Ibérico y Evaluación del Estado de Conservación de sus Hábitats Naturales, con sede en la Universidad de Alcalá (UAH). La iniciativa se suma a la que hace unos días presentó la ONG conservacionista WWF España, que reunió a 300 científicos con el mismo fin: contrarrestar las presiones que está recibiendo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para que de marcha atrás o modifique la decisión de incluir esta emblemática especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), medida aprobada el pasado 4 de Febrero de 2021 en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

Desde entonces, el sector agroganadero y determinados partidos políticos han hecho bandera, a través de diferentes organizaciones, en la supuesta debacle que supone dejar de matar al Canis lupus por supuestos daños que hace al ganado,  por lo general ovejas pero también terneras, llenando las redes sociales de imágenes de hipotéticos ataques, en los que no es posible confirmar si los culpables fueron lobos o perros asilvestrados. Ayer mismo, se votó en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley del PP para que pueda seguir cazándose, pero fue rechazada por mayoría de votos. Otra prueba de las presiones son declaraciones como las del ministro de Agricultura, Luis Planas, señalando que “proteger la biodiversidad no puede recaer sobre los hombros de los ganaderos“, declaraciones que contradicen la defensa de esa biodiversidad como bien común, tanto en España como en otros lugares, como la Amazonía, por otro lado muy afectada por el aumento sin control de agricultura extensiva. 

Frente a quienes aseguran que este carnívoro salvaje es “el mayor peligro para la supervivencia de la ganadería española”, como se ha declarado, las  estimaciones científicas del Censo indican que en toda la Península, incluido Portugal, habría unos 1.300 lobos, en torno a un millar en España y el resto en el país vecino. Otras fuentes suben la cifra hasta 2.000 o 2.500, si bien todos reconocen que es difícil concretar y en todo caso nada indica que es una especie que pueda ser cazada.

Esta es la razón por las que el grupo de trabajo del biólogo Angel M. Sánchez, del Proyecto Voluntariado Nacional Censo de Lobo Ibérico, lanzó un Manifiesto (que aún se puede firmar) en forma de carta a la ministra Teresa Ribera, en el que se defiende su protección, que ha tenido una gran acogida y es complementario del que promovió WWF: “Este es un proyecto de ciencia ciudadana y queríamos que la sociedad también se manifestase. Al final, muchas organizaciones se han sumado, como el Instituto Jane Goodall, FAPAS, grupos de Ecologistas en Acción, Lobo Marley y un largo etcétera. Ya lo hemos enviado a la ministra y a Hugo Morán (Secretario de Estado de Medio Ambiente)… Queremos que en temas de conservación los que decidan sean los científicos y los políticos; si incluyes a agricultores y cazadores, mal asunto. Ya tenemos un modelo ganadero insostenible. En Ávila, donde hay mucha ganadería extensiva, no se ven corzos, ni ciervos, ni jabalíes y los ríos están contaminados. Los ungulados silvestres son fundamentales para el hábitat del lobo. Lo que hay que hacer es reconstruir sus ecosistemas”, afirma Ángel M. Sánchez.

Precisamente, el manifiesto va en esa línea: “El conjunto de las organizaciones y personas firmantes agradecen al Ministerio de Transición Ecológica su apuesta firme y decidida por la recuperación de nuestros ecosistemas y la conservación de nuestra biodiversidad al conceder, a una especie emblemática y esencial de la fauna ibérica, como es el lobo, el respeto y la protección legal que sin duda merece. Confiando en que el futuro plan del lobo potencie las buenas prácticas ganaderas, descarte el control letal y se base principalmente en la conservación científica de la especie en cuanto a su indispensable papel, como súper- depredador apical, en los ecosistemas ibéricos”.

Volviendo a los números, el último censo oficial de la especie de 2014 habla de 297 manadas; como se señalaba, los especialistas coinciden es que es muy complejo tener una cifra, aunque hay estimaciones. Un trabajo de campo publicado en la revista WildLife Biology, en 2020, por científicos del CSIC y otras instituciones, indica que son grupos  de unos cuatro ejemplares en invierno y una media de 6,8 en verano, incluyendo subadultos. Lo hicieron con datos recogidos en 64 localizaciones (sumadas áreas de ambas temporadas). “Si se cuentan en verano parecen más, pero en invierno muchos cachorros mueren. Hay que hacer estudios de al menos cinco años. Hay manadas que desaparecen y resurgen años después. Como media, en toda Europa, las manadas de entre tres y cinco ejemplares, menos en zona mal conservadas y más al norte del Duero. En zonas poco estables no se reproducen todos los años. Y en España, el lobo tiene cero capacidad de dispersión porque no ‘reclutan’ jóvenes. Por ello no los hay ni en Andalucía ni en Extremadura y desaparece en Salamanca, Soria, La Rioja o Euscaki. Además, la protección es imprescindible porque hay poco flujo genético desde Pirineos, así que casi todos están emparentados. Deberían abrirse corredores ecológicos para que venga genética centroeuropea. “, señala el científico de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Coincidiendo con el envío de este manifiesto, Ecologistas en Acción lanzaba ayer una batería de medidas que consideran que pueden permitir la coexistencia entre el lobo y la ganadería extensiva, unas acciones que, indican, es fruto de su experiencia con la campaña “Vivir con lobos”, en la que colaboran 50 ganaderos y ganaderas de zonas loberas. La primera de ellas es implantar ayudas públicas que faciliten la convivencia entre ganado y lobos, subvenciones para comprar y mantener mastines, que deben ser reconocidos como animales de trabajo, para hacer cerramientos con pastores eléctricos y otros sistemas y para contratar pastores. También aboga por agilizar el asunto de las indemnizaciones por daños, penalizando a los ganaderos que cometan fraude, informar de la posible llegada del lobo antes de que esté para poder prepararse y promover normativas que favorezcan el comercio de ganadería extensiva frente a la de las macro-granjas intensivas, así como dar valor social entre los consumidores a los productos que vienen de zonas con lobos. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), los lobos matan anualmente “más de 15.000″ cabezas de ganado en España”, una cifra de la que no presentan prueba alguna y que resulta inverosímil para los lobos que hay.

En todo caso, la Ley propuesta por el Gobierno deja abiertas para el futuro la posibilidad de “algunas acciones de control de la especie” en determinadas condiciones, es decir, en zonas donde se certifiquen daños. La cuestión, señalan los expertos, es determinar el origen de esos daños y si esos daños compensan o no la gran función ecológica que realizan los lobos en la naturaleza.  A nivel mundial, el 62% de las poblaciones de fauna salvaje desaparecen, como certificaba recientemente una invstigación en Nature

Queda pendiente el debate sobre si es sostenible el modelo de mercado y nivel de consumo de carne actual, ya sea producida de forma intensiva en macro-granjas o de forma extensiva, ocupando grandes espacios. Sobre todo si, finalmente, esa carne acaba vendiéndose fuera de nuestras fronteras : en la UE y también en Marruecos, los Emiratos Árabes, Vietnam o Hong Kong, con el coste en agua, tierra, contaminación y daños a la biodiversidad en nuestro territorio que conlleva. Como colofón otro dato: el 21,4% de la carne de vaca española sale de nuestras fronteras mientras por otro lado de importa de Argentina o Brasil… ¿Nos quedamos con un planeta de vacas, cerdos y pollos y nada más? 

 

 

El tráfico de especies acaba con el 62% de las poblaciones de fauna salvaje


Una investigación internacional revela cómo el comercio de especies salvajes afecta a la biodiversidad

Trampas de animales salvajes requisadas y expuestas a la entrada del Parque Nacional Hlane, en Swazilandia. @ROSA M. TRISTÁN

ROSA M. TRISTÁN

A la entrada del Parque Nacional de Hlane, en Swazilandia, una amalgama de alambres recibe a los visitantes. “Los tenemos aquí para que todo el mundo vea la terrible cantidad de caza furtiva,  incluso en espacios protegidos”, me contaba hace unos años uno de los guardas, en uno de los pocos lugares donde se pueden rinocerontes blancos, presas codiciadas para el comercio con especies salvajes. Hoy, el comercio de vida silvestre mueve entre los 4.000 y los 20.000 millones de dólares anuales y afecta a la mayoría de los principales grupos taxonómicos. Al menos 100 millones de ejemplares de plantas y animales son objeto de tráfico internacional, un comercio que afecta al  24% de las especies de vertebrados terrestres (es decir, 7.638 especies diferentes). Pese a este elevado volumen, y el daño en la biodiversidad global de este negocio, hay una gran falta de compresión global del impacto real que tiene estas ‘sustracciones‘ de vida, según revela un trabajo de compilación desarrollado por un equipo de investigadores, dirigido por el británico Oscar Morton (Universidad de Sheffield)  que ha publicado en la Nature Ecology & Evolution, utilizando 31 estudios previos diferentes. 

En sus conclusiones, destacan que la abundancia de especies disminuye en un 62% en los lugares del planeta donde se comercia con ellas, legal o ilegalmente, y que las especies en peligro de extinción sufren una disminución aún más pronunciada, el 81%, que las que no lo son.  Los autores afirman que las medidas de protección actuales están fallando a las especies con las que compartimos la Tierra, estén en áreas protegidas, como Hlane, o no lo estén. 

Rinocerontes en parque del sur de África, P.N. Hlane. @ROSA M. TRISTÁN

El análisis distingue entre las capturas a escala local, cuyo fin suele ser dar seguridad alimentaria y algunos ingresos a 150 millones de hogares en el mundo, y un comercio a escala nacional e internacional que se sale de ese pequeño ámbito y tiene que ver con el tráfico ilegal de mascotas, medicinas y carnes de lujo o de partes de animales de gran valor, sean cuernos de rinoceronte, orquídea, exóticas aves de Java o escamas de pangolín. “En todas las escalas, el comercio puede tener potencial para apoyar los medios de vida e incluso proteger a las especies de la extinción, pero un comercio sostenible,  potencialmente tan lucrativo como los métodos insostenibles”, señalan los autores. Por desgracia, como indican, se opta por un comercio intensivo.

A diferencia de otras investigaciones sobre este asunto, Morton y sus colegas (de Estados Unidos y Noruega)  se centran en comparar poblaciones de lugares con tráfico y sin tráfico de especies. En total, analizan 506 taxones,  de los que 452 ​​son para mamíferos, 36 aves y 18 reptiles. Comprobaron que cuando en una zona se sacan las especies de gran tamaño proliferan otras de aves y ardillas, comercializadas con menos frecuencia; y también que los traficantes suelen ir a áreas cercanas a zonas inaccesibles por estar muy protegidas. 

Pangonlin en la reserva centroafricana de Dzanga Sangha. @PANGOLIN SANGHA PROJECT

Esa mascota…. exótica

Un autobús en Petén, Guatemala. Un control de policía hace bajar a los viajeros. Inusitadamente, de bolsas y refajos comienzan a salir tucanes, guacamayos de mil colores… Si el comercio de carne de fauna salvaje (al margen de la subsistencia) provocó caídas de un 59,7% en las especies, el de mascotas llega al 73%. De “tremenda” califican en Nature la escala de este tráfico a nivel mundial (hasta 84 millones de pájaros cantores en Java) y sin embargo solo el 5% de los estudios que encontraron se centran en este asunto. Todo indica que falta mucho trabajo por hacer para saber el volumen real de esta amenaza, en relación con otras como la deforestación, la degradación de los hábitats o el exceso de caza. 

También se fijan en el tráfico internacional, que se desvincula de las comunidades locales, y ven la gran amenaza que suponen los planes para coordinar la salida de la medicina tradicional china a través de la nueva Ruta de la Seda hacia Europa (vía Kazajistán), la llamada Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que aumentará el comercio del país con el 62% de la población mundial y, con ello, el peligro para especies de valor medicinal, como el oso pardo (Ursus arctos) o el escaso leopardo de las nieves (Panthera uncia) . “La ampliación de redes comerciales sin una comprensión sólida de los impactos será desastrosa para la conservación, acelerando la extinción de especies”, señalan los autores. Entre las que creen que corren un gran riesgo de desaparecer mencionan el mono araña Ateles belzebuth (99,9%) y el Ateles chamek (99,9%), así como el tapir de Baird (Tapirus bairdii)

Si bien el tráfico en áreas protegidas y reconocidas mundialmente fue menor que en las no protegidas (un 56% frente a un 71%), lo cierto es que destacan lo grave que es el problema en lugares que  porcentaje. Y lo mismo pasa con la protección más local: no evita totalmente la caza o captura,  que se prevé que empeorará cuanto más zonas urbanizadas y más rutas de acceso existan. En todo caso, y aunque apuestan por la necesidad de proteger mejor determinados territorios con fauna especialmente valorada para el comercio, recuerdan que hay que hacerlo “sin castigar injustamente” a los marginados económicamente, es decir, a pequeños agricultores que dependen de la carne de animales silvestres para obtener algunos ingresos y proteínas suplementarias. Por ello, apuntan que esa protección debe combinarse con programas de mejora de las habilidades o garantías de ingresos para la población local.

En todo caso, recuerdan que mientras no haya una respuesta globalmente coordinada y financiación para generar y sintetizar datos, así como promulgar prohibiciones comerciales específicas y una vigilancia adecuada, será muy difícil acabar con tan lucrativo negocio…. 

Y para muestra algún botón:

Sólo en África central cada año se cazan 400.000 pagolines. En Camerún ya están en extinción

En el mismo continente, cada 26 minutos es asesinado un elefante según la organización IFAW.

En Asia, Indonesia sigue siendo un agujero negro: En enero pasado se han incautado 11.000 aves exóticas con destino a la isla de Java. 

 

 

 

Los #Plastívoros: comemos una tarjeta de crédito a la semana


Jordi Menéndez (Justicia Alimentaria) y Adriana Espinosa (Amigos de la Tierra) en el acto organizado para la presentación de Plastívoros, en Madrid. @Rosa M. Tristán

ROSA M. TRISTÁN

Cada año, la agricultura global utiliza unas 6,5 toneladas de plástico en el proceso de producción. Los más visibles son los que se ven en los invernaderos, los sistemas de riego, semilleros… En total, en se calcula que España la agricultura utiliza más de 220.000 toneladas plásticas, que en buena parte están en Levante y el sur, ocupando tanto espacio que han llegado a ser fotografiadas desde el espacio. Sin embargo, son los más invisibles los que acaban en nuestros estómagos, los micro y nanoplásticos que contaminan alarmantemente las tierras de cultivo, según un informe titulado “Plástívoros”, publicado por Amigos de la Tierra y Justicia Alimentaria.

El informe, un compendio de diferentes estudios e investigaciones, entre las que no hay muchas europeas, apunta que esta contaminación podría ser hasta 23 veces mayor que la de los océanos, aunque ésta es mucho más conocida, si bien es sabido que el 80% de la que acaba en ellos procede de tierra. “Con este trabajo se trata de poner de manifiesto los impactos de los microplásticos en las tierras agrícolas; muchas de las 4.000 sustancias aditivas que contienen son tóxicas y algunas, como el biofenol o los ftlatos se sabe que afectan a las hormonas, al sistema endocrino, al neurológico, a la reproducción”, explica Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra.

Y es que precisamente el sector agroalimentario es el de mayor consumo de plásticos en este país, hasta suponer el 25% del total, es decir, uno de los cuatro millones de toneladas que se producen cada año; de ellos hay un  6% directamente relacionado con la producción agrícola, según ‘Plastívoros’. Es más, si el sector agroganadero extendiera en el suelo todo el plástico que utiliza daría para 40.000 millones de bolsas, que darían para cubrir entera la Comunidad de Madrid.

Instalación de Plastívoros, junto al Museo Reina Sofía de Madrid. @Rosa M. Tristán

Uno de los fenómenos que revela este estudio es que la gran puerta de entrada de los microplásticos en esa tierra agrícola la llega en diminuto a través de lodos de las depuradoras, que se usan como fertilizantes. “Estos lodos provienen de aguas residuales de la actividad doméstica o industrial, pero salen de las depuradoras con microplásticos y nanoplásticos. Hoy se prima más el aprovechamiento de la materia orgánica que contienen que el impacto que tienen esos residuos que llegan a los cultivos”, apunta Jordi Menéndez, de Justicia Alimentaria. Según los datos recabados, 17.000 toneladas de microplásticos (equivalentes a 3.000 millones de bolsas) acaban entre las raíces de las plantas que nos comemos, situación que emularon con una instalación junto al Museo Reina Sofía de Madrid.

“De hecho, cada semana consumimos unas 2.000 micropiezas de plástico, que equivalen a una tarjeta de crédito”, comenta Menéndez. “La cuestión es que, además, si son nanoplásticos tienen menos de un milímetro y las normativas europeas y españolas actualmente en revisión no los tienen en cuenta, aunque pueden añadirse a muchos productos, así que hay que seguir insistiendo en el peligro que conllevan”, añade Espinosa, quien recuerda que los residuos de los vertederos se transforman en lixiviados que acaban en aguas subterráneas y van a la tierra, o se incinera y acaba sobre suelos agrícolas.

¿Y cómo nos ingerimos esa tarjeta de crédito? Pues si algo quieren poner de manifiesto los autores es que falta mucha investigación por hacer, aunque según un estudio de la Universidad de Canadá, quienes beben agua embotellada en plástico se traga hasta 130.000 partículas al año, que se suman a las que nos comemos con los animales marinos, la que se ha detectado en la sal y la que se ha visto en la miel y hasta en la cerveza. “El problema es que hay muy pocos estudios de la presencia de plásticos dentro de los alimentos y también se sabe poco de las consecuencias para el cuerpo, no ya del ftalato, sino de las miles de sustancias químicas que llevan adheridos. Habría que aplicar la precaución”, dice Menéndez.

El informe hace un repaso al procesado y embalaje de los alimentos. De hecho, sólo en 2018 la industria alimentaria utilizó más de 1,13 trillones de artículos de embalaje, entre los que prima el plástico. En el mundo, son los envases los receptores del 40% de todo el plástico que se fabrica. Pero también pone el dedo sobre el lobby europeo de Plastic Europe, con empresas de hidrocarburos y químicas, así como productoras de alimentos y grandes distribuidoras “que ponen más empeño en el reciclaje, que sólo es del 9%, que en la reducción de su uso”, denuncia la representante de Amigos de la Tierra.

¿Soluciones? Para empezar, y en relación con la contaminación agrícola, en el informe proponen prohibir el uso de lodos de depuradoras para usos en tierras de cultivo, pero apuntan que hay que ir a la raíz del asunto, que es el exceso de consumo de  plásticos de usar y tirar. “Hay reforma en marcha de la ley de residuos, pero hay que reducir plásticos y su toxicidad, aumentar la reutilización, mejoras en gestión y sobre todo desplastifiicar la alimentación y no insistir solo en el reciclaje y la responsabilidad individual. Tampoco pasa por sustituir un material que perdura por uno que es alternativo porque aún así usan recursos como suelo, agua, energía y también parte de petróleo. Lo importante es ser conscientes de los impactos y reducir su consumo”, concluyen.

Los ‘olvidados’ hijos de la Amazonía en tiempos de pandemia


Representantes de la COICA, durante la COP25 en Madrid. @ROSA M. TRISTÁN

Representantes de los indígenas amazónicos se sienten abandonados durante una segunda ola del COVID-19 que está causando estragos en las comunidades

ROSA M. TRISTÁN

“Estamos al borde del colapso. No se está contando con los pueblos amazónicos en planes de vacunación, ni se nos está protegiendo de una pandemia que está causando estragos, ahora con la nueva variante del coronavirus en Manaos. Vivimos en la selva tropical más grande del planeta, que los pueblos indígenas protegemos, y queremos sobrevivir y gritar al mundo que basta ya de discriminación y olvido”. Así de claro era ayer tarde  José Gregorio Díaz Mirabal, ​representante del pueblo Wakuenai Kurripaco-Venezuela, y coordinador general de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), durante un encuentro virtual con la prensa internacional.

La expansión de la variante brasileña de la COVID-19, a lo largo de la cuenca del gran río Amazonas, aseguraban los representantes indígenas les está poniendo en una situación extrema y denuncian que los nueve gobiernos de la región, a quienes han pedido que impongan barreras sanitarias y los cercos epidemiológicos, no responden, como tampoco lo han hecho a las demandas de unidades médicas de atención especializada para los territorios indígenas amazónicos o a la necesidad de que reciban vacunas que garanticen su inmunidad. “Más de 1.775.000 casos y más de 42.000 muertes en los países amazónicos hablan de la magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros gobernantes”, asegura Díaz Mirabal en una conexión desde su comunidad.

La indígena del pueblo baré, Francinara Soares, durante la rueda de prensa.@ROSA M. TRISTÁN

También intervino Francinara Soares, del pueblo Baré y coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), que hizo hincapié en la falta de medios médicos, y fundamentalmente oxígeno, para los afectados por el coronoavirus, repitiéndose así la situación vivida durante la primera ola de la primavera pasada. “El colapso comenzó en Manaos, luego siguió en Rondonia, Pará… y si la tasa de mortalidad en Brasil es de 89 por 100.000 habitantes, entre los amazónicos es un 200% más. Además, tenemos más de 33.000 casos de COVID-19 en 140 pueblos indígenas y 749 vidas perdidas”, denunciaba Soares, que hace un mes sufrió el fallecimiento de su padre precisamente por esta enfermedad.

Pese a su vulnerabilidad -la historia demuestra cómo en el pasado se diezmaron poblaciones amazónicas por la llegada de enfermedades-, se sienten “discriminados y olvidados” por sus gobiernos y por el resto del mundo. “Las nuevas variantes del coronavirus nos están llegando sin que se tome medida alguna por evitarlo, pero sin embargo apenas llega el 0,000001% de las vacunas, es decir, nada. Y esas pocas llegan en Brasil pero no en los otros ocho países de la cuenca. Nos sentimos abandonados y por ello pedimos a la iniciativa COVAX de la OMS que incorporen a las comunidades indígenas en la estrategia de vacunación”, reclamaba Mirabal.

Ya en el 2020, con apoyo de organizaciones como Avaaz.org, la COICA amazónica lanzó un Fondo de Emergencia de la Amazonía para recaudar fondos con los que hacer frente a la pandemia en los territorios indígenas. Entonces lograron recaudar 2,7 millones de dólares de los cinco millones que pidieron, unos recursos que utilizaron para proveer de oxígeno, equipamiento de prevención y material sanitario, así como ayudas alimentarias, a las comunidades que habían quedado  desprotegidas por las autoridades mientras la COVID-19 navegaba por la cuenca amazónica. Gran parte de ese apoyo económico les llegó desde Francia, pero echaron en falta el compromiso con los pueblos indígenas de otros muchos gobiernos e instituciones internacionales que hicieron oídos sordos a su llamada de auxilio.

Ahora, en plena segunda oleada para la Amazonía, anuncian que ese Fondo de Emergencia necesita otros tres millones de dólares. Tomas Candia Yusupi, del pueblo Chiquitano  y presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), lanzaba un mensaje desesperado: “Nos está atacando esta enfermedad y de seguir así vamos a desaparecer. Esta pandemia es un etnocidio. Necesitamos ayuda para proteger a los hijos de la selva”.

 

Las minas a cielo abierto en Groenlandia, el futuro que viene…


Un joven adolescente por las calles de Narsaq, en Groenlandia. @Rosa M. Tristán

ROSA M. TRISTÁN

Hay lugares tan remotos que se quedan en los márgenes del imaginario colectivo, pero que están sufriendo unas transformaciones aceleradas que tienen mucho que ver con nuestro mundo. Y Groenlandia, la gran isla del hemisferio norte, es uno de ellos, aunque sólo nos acordamos cuando, al final de cada verano, los científicos nos recuerdan que hay menos hielo que en el anterior registro, que sus casas se tambalean y sus mares se templan. El cambio climático deshace el Ártico y ahora el riesgo, irónicamente, puede ser el negocio de la minería, a la que viene muy bien este calentamiento.

Y  es que, al contrario que en el caso de la Antártida, estos territorios del norte, y sus hielos, no están protegidos internacionalmente y se sabe que ocultan las llamadas ‘tierras raras’, minerales de gran valor para la tecnología más puntera. No es de extrañar que desde que en 2009 Groenlandia lograra el autogobierno de Dinamarca, muchos sean los ojos que se han puesto en los ricos depósitos de minerales que oculta, fruto de una historia geológica peculiar que ha generado compuestos con propiedades fisioquímicas en alza en las bolsas. China, Estados Unidos y también Australia quieren su pedazo del pastel y es precisamente este último país de las antípodas el que ha generado el primer gran conflicto.

Protesta en Narsaq contra la mina. @John Rasmussen/ Enviromental Justice Atlas

Se trata de la explotación minera Kuannersuit/Kvanefjeld, a escasos ocho kilómetros de Narsaq, el gran asentamiento del sur del país, un lugar entre fiordos habitado por apenas 1.350 familias de pescadores, cazadores de focas y granjeros, una ciudad que se congela en invierno y que vive del incipiente turismo de naturaleza en el verano. Un paraíso natural.

En realidad, la mina no es nueva. Su hallazgo se remonta a 1956, cuando los daneses comenzaron a explotarla en pleno auge de las centrales nucleares. Cuando pasé por Narsaq en 2012 no sospechaba que cerca de aquellas montañas abruptas ya se planeaba el proyecto. En los años 80, se había cerrado cuando el gobierno danés abandonó sus planes de centrales de nucleares y se aprobó, de hecho, una política de tolerancia cero con la energía nuclear.

Fue en 2007 cuando la compañía Australian Greenland Minerals Ltd. (en adelante GML) obtuvo la licencia para explotar minerales raros en la zona, pero concluyó que el proceso de extracción era demasiado costoso si no le dejaban sacar también el uranio y explotarlo comercialmente. Aquella propuesta llevó a que se votara de nuevo la prohibición de extraer este mineral y, finalmente en 2015, y por un solo voto, salió adelante el proyecto empresarial.

Con 120 kilómetros cuadrados de extensión, se calcula que será una de las minas de uranio a cielo abierto más grandes del mundo. GML ha tenido que presentar, desde 2016, cuatro informes sobre el  impacto ambiental, tres de ellos rechazados por el Gobierno groenlandés y grupos ambientales como Amigos de la Tierra. El cuarto está ahora en proceso de análisis, si bien tampoco gusta a los ecologistas. Como el proceso se alarga, la empresa ha llegado a presionar a ministros de ministerios que no son competentes en el asunto para intentar sacar adelante sus planes. Paralelamente, para finales de este mes prepara consultas con la población de Narsaq y alrededores en encuentros que despiertan muchas suspicacias.

En el otro lado, expertos, científicos, el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit (IA) y organizaciones ambientales locales e internacionales señalan las consecuencias que tendrá reabrir esta mina de uranio y otros minerales. Preocupa, según señalan estas fuentes, qué pasará con los materiales de desecho, dado el alto contenido de torio radiactivo del depósito que hay, tal como refleja el informe realizado por un experto holandés. Como la mina será a cielo abierto, también se teme la contaminación del agua, posibles derrames o qué pasará con el polvo que contiene materiales radiactivos, dada la cercanía de poblaciones como Narsaq o de granjas de ovejas y otras producciones agrícolas. De hecho, en la zona hay con frecuencia fuertes vientos árticos, que podrían levantar ese polvo radiactivo y expandirlo, denuncia en un comunicado el grupo ecologista de Narsaq llamado Urani Naamik (No al uranio).  Y por otro lado, recuerdan, ¿qué pasará con los residuos que se congelen y descongelen cada año? 

Otro asunto es que la empresa australiana planifica poner las presas de relaves de la mina en el lago Taseq, que sería el lugar de almacenamiento asignado para los materiales de desecho radiactivo, lo que podría suponer la contaminación de las aguas subterráneas, los ríos y el suelo si estas presas tuvieran fugas. En definitiva, consideran que son demasiados riesgos de contaminación radiactiva, lo que sería un desastre ambiental de grandes dimensiones para el sur de Groenlandia dada la lenta tasa de recuperación del medio ambiente polar.

Como en tantos otros proyectos, al tema ambiental se suman las amenazas a la identidad cultural de la región y las divisiones que la mina genera en la pequeña comunidad afectada, tal como recogió el Relator especial de la ONU sobre derechos humanos tras una visita a Groenlandia en 2017. Es la misma división que se vive en toda Groenlandia respecto a la autorización o no de extraer uranio y tierras raras, asunto sobre los que algunos partidos groenlandeses han planteado un referéndum, aunque no está claro quien ganaría, si a favor o en contra. Para algunos esa riqueza será la panacea de su desarrollo económico, en un lugar de apenas 50.000 habitantes, a medida que los hielos desaparecen y el proceso de extracción se hace más fácil. Otros ven las amenazas. 

El proyecto de la compañía minera australiana, además de la mina en sí, incluye la construcción de una planta de procesamiento, un puerto, instalaciones mineras complementarias, las instalaciones de relaves ya mencionadas, una carretera que conecta el proyecto minero y un sistema para el suministro de energía que incluye una gran presa, con embalse y estación generadora de energía. 

Para intentar frenarlo y darlo a conocer, desde Change.org las organizaciones de Narsaq han lanzado una petición de firmas: AQUÍ. 

 

 

La campaña antártica cercenada: consecuencias del COVID-19 en el Hespérides


ROSA M. TRISTÁN

Pintaba realmente mal desde que el pasado 4 de enero se detectaron los primeros positivos a bordo del Buque Oceanográfico Hespérides. El COVID-19 estaba a bordo y la campaña antártica española, que con tanto esfuerzo se intentó mantener en el máximo posible, podía sufrir esta temporada un batacazo importante. Finalmente, el A-33 Hespérides no podrá ir este año al continente blanco y la XXXIV campaña tendrá que limitarse a los que pueda transportar el otro buque polar español, el Sarmiento de Gamboa, que lentamente se acerca a las costas chilenas.

“Hasta el último momento se ha intentado mantener el viaje pero era imposible. La organización de gestores antárticos [COMNAP] recomienda pasar una cuarentena cuando hay un brote y después otra ya sin brote. Eso hacía inviable que pudiera ir por falta de tiempo. Ahora mismo, hay 18 personas positivas a bordo, otras 17 fuera, dos suboficiales hospitalizados (uno grave) y el resto también están aislados en el buque. Al final ha habido que recortar todo el plan previsto”, reconoce Antonio Quesada, el responsable del Comité Polar Español, que llevaba muchos meses trabajando para que el año, pese a la pandemia global, fuera lo más completa posible. Y no pudo ser.

Al final, casi un 40% de los proyectos que salían estos días hacia la Antártida han tenido que ser aplazados para la siguiente temporada. Es decir, van al final cinco proyectos de los ocho previstos. Entre lo que han quedado para otra ocasión está el de geología antártica que dirige Jerónimo López, del que iba a ir una persona; también uno nuevo de Antonio M. Alvarez (Universidad de Salamanca) sobre el estudio de los gases que emite el volcán Decepción; y un tercero de Manolo Catalán, de la Armada, sobre el estrecho de Brandsfield y el canal del Drake y su geodinámica. “Habrá que hacerlos en en la siguiente, en la que tendremos que llevar los dos buques para completar lo que no se ha hecho este año y lo que está previsto para entonces, dado que son proyectos ya aprobados en los que se incluye la recogida de datos en la Antártida. Afortunadamente, este año también ha ido el otro buque, precisamente porque el Hespérides salía más tarde por unas reparaciones, así que las bases se abrirán, que es muy importante”, confirma Andrés Barbosa, responsable del Programa científico Polar.

Entre los que han estado pendientes hasta última hora de su viaje, pero finalmente viajan estos días a Chile para sumarse a los que ya están allí, está el proyecto de seguimiento del permafrost antártico que dirige Miguel Angel de Pablos (Universidad de Alcalá de Henares); uno nuevo que estudiará el papel de los pingüinos en la biogeoquímica antártica, que dirige Antonio Tovar (CSIC) o un proyecto que estudia la contaminación atmosférica en la Antártida a través del estudio de aerosoles. En Punta Arenas deberán hacer cuarentena de 15 días antes de viajar al continente de hielo. Es el plan en el que ahora se encuentra el primer grupo que llegó, con todos sus componentes aislados en habitaciones de hotel desde hace 10 días. Este primer grupo será el encargado de abrir las dos bases, en isla Livingston e isla Decepción.

Pero los cambios no son sólo de proyectos. Hay más consecuencias: la campaña se acorta a un mes, que no da para mucho, pero menos en nada, y que el buque Sarmiento de Gamboa, que llega en breve a Punta Arenas para recoger a ese primer grupo de científicos, técnicos y militares confinados, tendrá que ampliar su estancia polar unos 10 días. Lo malo no puede hacerlo mucho más porque tiene otra apretada agenda de expediciones oceanográficas. Es decir, que las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castillas abrirán, que es lo importante, pero tendrán que cerrar, a más tardar, el 20 de febrero.

“Evidentemente, habrá que pedir explicaciones de lo que ha fallado. Si que se ha hecho todo lo posible para atajar el brote pero no ha sido posible y las recomendaciones internacionales son muy estrictas”, señala Quesada.

De hecho, es algo que tendrá que averiguarse desde la Armada para que pueda evitarse en nuevas ocasiones. Hasta ahora,  sólo ha habido tres casos detectados de brotes COVID-19 en relación con la Antártida: dos generados por un buque militar chileno en dos bases  de este país y el del BIO Hespérides. Sin embargo, son muchos los programas polares que estos días envían buques al continente para mantenimiento de sus bases y reemplazo de su personal o suministros. Es una actividad bajo mínimos, respecto a otros años, pero no deja de haber movimiento.

En el caso de España, pese al esfuerzo previo para que todo saliera bien, el plan de campaña se ha frustrado por donde menos se esperaba, que era la parte militar. Y está claro que el coronavirus aprovecha cualquier mínimo resquicio para colarse de polizón indeseable donde menos se le espera. La solución, una vez a bordo, era compleja porque el Hespérides tiene una amplia tripulación (57 personas en total) que han recibido una formación previa muy concreta para poder ir a la Antártida de campaña científica, lo que hacía imposible que pudiera ser, mayoritariamente, reemplazada por otra nueva.

Por otro lado, además de reducirse la presencia científica, el movimiento que si que ha desaparecido del mundo antártico es el turístico. Este año no habrá cruceros transportando miles de personas por la zona de la Península Antártica. Desde la base uruguaya de Artigas, en la isla Rey Jorge, donde está el aeródromo, explican que ya se nota esa baja presencia humana pues apenas han pasado por allí estos últimos días dos yates de ‘mega-ricos’ y barcos de logística. Lo cuenta Andrés Barbosa, que trabaja directamente con ello. Precisamente, este hecho diferencial será analizado por los científicos para ver hasta qué punto es dañina la presencia masiva humana en determinadas áreas antárticas. 

Desde este blog, sólo añadir deseos de pronta recuperación a los afectados del Hespérides y mucha suerte a los que inician la ruta.

#SOMOSANTÁRTIDA

Okavango, un tesoro único amenazado por el petróleo


En Namibia, cerca del Delta del Okavango, uno de los lugares con más concentración de fauna salvaje del planeta. @ROSA M. TRISTÁN

Una compañía canadiense tiene licencia para explotar 25.000 kms2 en la zona del delta africano con mayor biodiversidad de vida salvaje

ROSA M. TRISTÁN

Cada vez quedan menos lugares en la Tierra tan asombrosos como el Delta del Okavango y sus alrededores, en el corazón de África. En realidad, no es un río que desemboca en el mar, como el Ebro, sino que el Kavango lo hace en una inmensa llanura por la que los cinco grandes (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), entre otros muchos seres vivos, corren, cazan, se reproducen y viven ajenos a un mundo que cada día les acorrala un poco más. También hay comunidades humanas. La noticia de que en las cercanías de ese majestuoso lugar se preparan explotaciones petrolíferas, por parte de una compañía canadiense, ha desencadenado una campaña internacional que pretende ponerle freno y que viene a confirmar que ningún espacio natural está a salvo por más que sea Patrimonio de la Humanidad.

El PNUMA señalaba en un informe que el 15% de las tierras del planeta están protegidas, de uno u otro modo, un porcentaje que excluye la Antártida, que es inmensa pero que, por cierto, también esconde valiosos minerales y recursos naturales, al igual que Groenlandia, la Amazonía o las selvas de Centroáfrica. 

En este caso, se trata de la compañía canadiense Reconnaissance Energy (Recon Africa), que según su página web “descubrió’ una cuenca sedimentaria en el río Kavango y ha conseguido el 90% de una licencia de explotación otorgada por el Gobierno de Namibia para un área de 25.341 km2. Cuando se hace un seguimiento, es sorprendente la cantidad de minas que los canadienses tienen abiertas por el mundo, ya sea conbre en el Congo o Zambia, oro en Perú o plata en Guatemala.

La licencia de Recon África, en realidad fue traspasada por otra empresa que la consiguió en 2015 y se suma a una segunda sobre el mismo río en el noreste de Botsuana, con otros 8,990 km2 para explotar durante un cuarto de siglo cualquier descubrimiento comercial. En total, un poco menos del tamaño de Suiza. ¿Y qué es lo que han ‘descubierto’ ? Pues un “sistema de petróleo activo’ a nueve kilómetros de profundidad en la cuenca, que dicen tiene condiciones óptimas. Seria, según los expertos, la única cuenca que aún queda por explotar a esa profundidad en el planeta y se estima que contiene 18,2 mil millones de barriles de petróleo. La comparan con la cuenca pérmica que se encontró en Texas.

Justo este mes de enero, la empresa canadiense acaba de anunciar que iniciará las consultas públicas ambientales para que se presenten alegaciones, pero informaciones en medios de la zona indican que ya han iniciado las obras paras las perforaciones de prueba en al menos en uno de los tres pozos que el gobierno de Namibia ya ha autorizado a 55 km al sur de la ciudad de Rundu y en la primera mitad de enero, según un comunicado de la empresa, comenzarán a perforar.

Como en tantas otras ocasiones la población local no ha sido consultada ante del inicio de las prospecciones. Es mas, aseguran que o tiene ni idea del proyecto, que implica cientos de pozos de petróleo. “La comunidad local está en la oscuridad, no tiene pistas sobre lo que está pasando”, denuncia en Mogaby News Max Muyemburuko, presidente de Muduva Nyangana Conservancy, “y quieren que se escuche su voz”. Muyemburuko niega contacto alguno con Recon o el gobierno de Namibia y recuerda que la población vive del turismo y los recursos naturales de la tierra, medios de vida que desaparecerían ante una contaminación por la producción de petróleo y gas, a lo que se añaden los daños ambientales. “Kavango es la única tierra que tenemos”, asegura. “Queremos guardarlo para la generación venidera”.

La respuesta del Ministerio de Minas del país africano es que las actividades de exploración de petróleo no dañarán el Okavango “de ninguna manera”, ni ningún parque nacional, y destaca los beneficios económicos que se obtendrán. Claro que si incluye parte de la iniciativa de conservación KAZA (Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area), que aglutina áreas con diferente protección en varios países en torno a los ríos Kavango y Zambeze. Según las organizaciones de la zona, la mayor parte del área que cubre la licencia de exploración petrolera en Namibia se encuentra en precisamente en Kaza, en total, 520.000 kilómetros cuadrados repartidos entre Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Allí vive la mayor población de elefantes africanos y es una de las últimas fortalezas del perro salvaje  (Lycaon pictus).

Portada del informe de Recon Africa sobre explotación en Kalahari.

Y las dos áreas de exploración de Recon Africa tanto en Botsuana como en Namibia se encuentran en gran parte dentro de la cuenca del río Kavango, que desemboca en el delta del mismo nombre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los conservacionistas están especialmente preocupados por el impacto potencial que la perforación de petróleo y gas podría tener en los cursos de agua interconectados de la cuenca del río. “Existe una grave falta de conocimiento sobre los recursos de agua subterránea en el área objetivo de extracción de petróleo y gas”, dijo Surina Esterhuyse, geohidróloga de la Universidad del Estado Libre, Sudáfrica en una entrevista. “En Botsuana, la cuenca del río Okavango todavía es relativamente prístina, pero la exploración y extracción planificadas podrían tener graves impactos en el delta y en los recursos hídricos en Namibia y Botsuana, dos zonas de gran escasez de agua”, añadía Esterhuyse, cuya investigación se centra en el impacto de la extracción de petróleo y gas en los recursos de agua subterránea. Como en otras extracciones de recursos similares, para convencer a la población más cercana de las bondades de la actividad minera, la compañía ha anunciado que ya han acondicionado un pozo de agua potable, en una zona de gran carestía de este recurso.

A la escasez de agua, que requerírían los pozos,  investigadores y ecologistas suman el riesgo de que se contaminen los recursos hídricos, aumente la deforestación y desertificación, se incrementen los niveles de ruido causados ​​por perforaciones, afectando a personas y a la vida silvestre y haya más caza furtiva e incluso más actividad sísmica, que puede persistir mucho tiempo después de la perforación. Chris Brown, director ejecutivo de la Cámara de Medio Ambiente de Namibia, ya dijo el año pasado que un proyecto de esta naturaleza debía pasar por revisiones ambientales y procesos de permiso y Recon África asegura que habrá jornadas informativas y consultas en las poblaciones ma´s cercanas, Rundu y Nkurenkuru y sus autoridades tradicionales, pero no incluye a otras zonas más alejadas que también podrían ser afectadas y también debieran tener voz y voto.

Mapa de la zona donde está la futura explotación petrolífera

Por otro lado, los riesgos que plantea la extracción de petróleo y gas podrían ser aún mayores si se utilizan técnicas de fracturación hidráulica no convencionales, comúnmente conocidas ‘fracking’, algo que ha suscitado otra preocupación añadida tras la contratación de ingenieros experimentados en está técnica, si bien tanto Recon como el gobierno de Nambia lo han desmentido.

Llama la atención que la misma Recon Africa que quiere sacar a la atmósfera muchos miles de millones de toneladas de CO2, colaborando en incrementar el cambio climático global, afirme en su web que los camiones que se utilicen serán “eficientes, de huella limitada y ecológicos”, una etiqueta que va a dejar de tener sentido con tanto uso fuera de lugar. También lo llama que el Gobierno canadiense, muy comprometido con los compromisos del Acuerdo de Paris (recientemente anunció un sustancial aumento del impuesto de carbono para reducir un 40% las emisiones hasta 2030), no ponga cortapisas a explotaciones que contradicen estos objetivos.

Cuando una catástrofe climática llega a su puerta.. ¿quién paga?


Alta Verapaz, Guatemala
@Pedro Armestre / Alianza por la Solidaridad

ROSA M. TRISTÁN

Desde hace días, los huracanes y tormentas tropicales que asolan Centroamérica están siendo noticia, más o menos relevante según el medio. Desde hace días vemos casas flotantes, coches flotantes, tierras que son barrizales donde antes había cultivos, gentes desoladas, otras gentes que hacen negocio de la desesperación… Casi todos son pequeños campesinos, muchos indígenas, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador… No fueron muy visibles en la última Cumbre del Clima, la COP 25 chilena celebrada en Madrid, menos aún que los de Brasil, Colombia o Ecuador. Venden aún menos que la Amazonía. Diría que no existieron, y sin embargo este 2020 nos está demostrando que para ellos el cambio climático no es un futurible del 2050. Cientos de fallecidos, decenas de miles de hogares que se llevó el agua y el viento, cosechas y animales ahogados…

Si hubieran ido a la COP 25 se hubieran enterado que una vez más la comunidad internacional aplazó la decisión sobre la financiación de los daños y pérdidas que ya causa el cambio climático, porque esos 30 huracanes que este año ha habido en el Atlántico (hasta ahora) ha superado todas las previsiones y porque su intensidad de hasta un categoría 5 a finales de la temporada ha sido inesperada. Son fenómenos climáticos extremos y más comunes. Una de las consecuencias de un calentamiento del agua de los mares, que forma parte del calentamiento global.

Pero las víctimas no tienen cómo recuperarse de ello, salvo por unos programas de cooperación internacional, menguante en tiempos de crisis, como la actual, o créditos que salen caros a sus gobiernos. 

Lo que si existe es el Fondo Verde del Clima, que no sirve para pagar esos daños que están ahí, sino para mitigar y adaptarse a un cambio climático que es ya inevitable. Para evitar daños, habría que haberlo puesto en marcha hace muchos años, de forma que ya hubieran ‘mitigado’ lo que está pasando, pero ¿qué líderes de este mundo tienen visión a largo plazo?. El Fondo, la verdad, ha ido a cámara lenta y, lo que es peor, aún cuesta que los países ricos y contaminantes ‘aflojen el bolsillo. Precisamente, días atrás, la junta que decide sobre este Fondo (con representantes de 24 países), en su reunión número 27 -reuniones hay muchas- impulsó algo esta financiación climática para países en desarrollo. Aprobaron 16 proyectos por un total de 1.010 millones de dólares para proyectos de bajas emisiones contaminantes y resistentes/resilientes al clima global cambiante. Con ellos, ya son 7.000 millones los aprobados desde que está en marcha, 2.000 millones este año. Por ponerlo en perspectiva, la marca de vehículos BMW obtuvo en 2018 beneficios netos de 7.000 millones en euros, la misma cantidad. Es evidente que queda un largo camino por recorrer para llegar a los 100.000 millones de dólares que pretendían recaudar cuando se creó en 2010. 

El director ejecutivo de Fondo, Yannick Glemarec, declaraba que “se está brindando más apoyo que nunca a los países en desarrollo”, lo que es cierto dado el poco o nulo que hubo antes. Otra cosa es saber si con tan pocos recursos, y dada la velocidad de la emergencia climática, es realmente un instrumento hoy eficaz. De hecho, al investigar un poco su funcionamiento se comprueba que hay poco más de 100 entidades acreditadas para proponer los proyectos, de los que en estos 10 años se han puesto en marcha 53 relacionados con la adaptación y 35 con la mitigación de los efectos. Otros 32 son transversales. ¿Es esto suficiente para un mundo donde 5.000 millones de humanos no cuentan con recursos suficientes para enfrentarse a 1,5ºC más de media que, recordemos, no han provocado? Cabe señalar que en 102 de estos proyectos, el dinero se ha enviado a entidades públicas y 27 a ONG u otras entidades privadas, como empresas (2.700 millones). Ahora bien, otra pregunta: ¿Qué hacen los gobiernos con ese dinero, sobre todo aquellos en los que la corrupción está muy arraigada? Algunos investigadores de universidades han señalado que lo mejor sería crear comisiones nacionales que controlaran que la financiación acaba donde se necesita realmente. También ha sido una propuesta de escaso eco.

Volviendo a esta última reunión, se dió via libre a proyectos que conviene conocer (recordemos que es el único fondo que ayuda a países que ya están sufriendo impactos): 23 millones de dólares para comunidades rurales en Mongolia (beneficiará, señalan, a casi un millón de pastores), 82 millones destinados a un plan forestal en Argentina (país de la ganadería extensiva por excelencia, con 53,8 millones de vacas que son las que más emisiones generan) o 99 millones para que una agencia de la ONU (la International Fund for Agricultural Development, IFAD) lo invierta en apoyos al nordeste de Brasil, mientras Bolsonaro sigue promoviendo la deforestación.

Para la maltratada Centroamérica, el Fondo Verde ha destinado 54 millones a Costa Rica, para un proyecto contra la deforestación, 30 millones para el Corredor Seco de Guatemala a través de la FAO (ayudas a la agricultura) y otros 64 millones para la reserva de Bosawás  y la biosfera de Rio San Juan de Nicaragua. A ello se suman otros 100 millones para financiación ‘verde’ al Banco de Desarrollo de América Latina, que no llegará a las comunidades. Desde luego no basta. Sólo en Guatemala ha habido 1,3 millones de afectados, la inmensidad de ellos pequeños campesinos indígenas, tras el paso de dos huracanes en 15 días -Eta e Iota-. Su presidente, Alejandro Giammattei, ha pedido ayudas para crear seguros agrarios (que no podrán pagar los damnificados, porque no tienen nada), pero el suyo es un claro ejemplo de una realidad que está ahí: mientras la FAO consigue dinero para los guatemaltecos, el Congreso del país recorta en 21 millones de euros su presupuesto en 2021 para un programa de desnutrición mientras aumenta el del propio parlamento. Por cierto que ese presupuesto se aprobó a puerta cerrada y ha desencadenado la rebelión popular contra lo que llaman ‘pacto de corruptos’ entre gobierno y empresarios que suman al cambio climático el expolio de los pocos recursos naturales que quedan. Ese Congreso ha ardido en llamas.

No menos sorprendente es el reducido tamaño de las partidas aprobadas por el Fondo Verde Del Clima para África en este encuentro: se destinan a alimentación adaptada al cambio climático en Burundi unos 10 millones de dólares, en sistemas de información climática que pueden ayudar en la prevención para Liberia otros 10 millones y para ampliar en Sudán la ‘Gran Muralla Verde de África’, como sumidero de carbono con árboles de goma arábiga, 10 millones más. En total, 30.  

Por contra, el gran beneficiado ha sido una institución financiera de Bangladesh, el IDCOL, que recibirá 256 millones de dólares para promover la inversión ‘a gran escala’ del sector privado textil del país asiático en tecnologías y equipos de ahorro de energía, un sector privado que por cierto tiene pingües beneficios, dado que en todo el mundo se vende ropa ‘low cost’ con origen en sus fábricas a través de grandes multinacionales… 

En definitiva, que en este momento no hay fondos para reconstruirse tras una debacle climática en esa parte del mundo que las sufre en soledad (y más que se avecinan…), pero tampoco los suficientes como para mantener a las poblaciones arraigadas en sus tierras en un contexto de cambio climático, sin olvidar que en muchos casos esas tierras y su agua son codiciadas para explotación minera, cultivos extensivos como la palma africana o grandes hidroeléctricas sobre ríos que en un contexto de calentamiento global o llevan cada vez menos agua o se desbordan en grandes crecidas. 

Eso si: a quienes lo han perdido todo, que no se les ocurra venir a llamar a nuestra puerta, que les devolveremos a sus tierras resecas, sus comunidades devastadas, sus casas hundidas y o sus campos inundados. Eso tiene un nombre: INJUSTICIA CLIMÁTICA. Y no podemos cerrar los ojos.