Los ‘olvidados’ hijos de la Amazonía en tiempos de pandemia


Representantes de la COICA, durante la COP25 en Madrid. @ROSA M. TRISTÁN

Representantes de los indígenas amazónicos se sienten abandonados durante una segunda ola del COVID-19 que está causando estragos en las comunidades

ROSA M. TRISTÁN

“Estamos al borde del colapso. No se está contando con los pueblos amazónicos en planes de vacunación, ni se nos está protegiendo de una pandemia que está causando estragos, ahora con la nueva variante del coronavirus en Manaos. Vivimos en la selva tropical más grande del planeta, que los pueblos indígenas protegemos, y queremos sobrevivir y gritar al mundo que basta ya de discriminación y olvido”. Así de claro era ayer tarde  José Gregorio Díaz Mirabal, ​representante del pueblo Wakuenai Kurripaco-Venezuela, y coordinador general de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), durante un encuentro virtual con la prensa internacional.

La expansión de la variante brasileña de la COVID-19, a lo largo de la cuenca del gran río Amazonas, aseguraban los representantes indígenas les está poniendo en una situación extrema y denuncian que los nueve gobiernos de la región, a quienes han pedido que impongan barreras sanitarias y los cercos epidemiológicos, no responden, como tampoco lo han hecho a las demandas de unidades médicas de atención especializada para los territorios indígenas amazónicos o a la necesidad de que reciban vacunas que garanticen su inmunidad. “Más de 1.775.000 casos y más de 42.000 muertes en los países amazónicos hablan de la magnitud de la ineptitud y del desinterés de nuestros gobernantes”, asegura Díaz Mirabal en una conexión desde su comunidad.

La indígena del pueblo baré, Francinara Soares, durante la rueda de prensa.@ROSA M. TRISTÁN

También intervino Francinara Soares, del pueblo Baré y coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), que hizo hincapié en la falta de medios médicos, y fundamentalmente oxígeno, para los afectados por el coronoavirus, repitiéndose así la situación vivida durante la primera ola de la primavera pasada. “El colapso comenzó en Manaos, luego siguió en Rondonia, Pará… y si la tasa de mortalidad en Brasil es de 89 por 100.000 habitantes, entre los amazónicos es un 200% más. Además, tenemos más de 33.000 casos de COVID-19 en 140 pueblos indígenas y 749 vidas perdidas”, denunciaba Soares, que hace un mes sufrió el fallecimiento de su padre precisamente por esta enfermedad.

Pese a su vulnerabilidad -la historia demuestra cómo en el pasado se diezmaron poblaciones amazónicas por la llegada de enfermedades-, se sienten “discriminados y olvidados” por sus gobiernos y por el resto del mundo. “Las nuevas variantes del coronavirus nos están llegando sin que se tome medida alguna por evitarlo, pero sin embargo apenas llega el 0,000001% de las vacunas, es decir, nada. Y esas pocas llegan en Brasil pero no en los otros ocho países de la cuenca. Nos sentimos abandonados y por ello pedimos a la iniciativa COVAX de la OMS que incorporen a las comunidades indígenas en la estrategia de vacunación”, reclamaba Mirabal.

Ya en el 2020, con apoyo de organizaciones como Avaaz.org, la COICA amazónica lanzó un Fondo de Emergencia de la Amazonía para recaudar fondos con los que hacer frente a la pandemia en los territorios indígenas. Entonces lograron recaudar 2,7 millones de dólares de los cinco millones que pidieron, unos recursos que utilizaron para proveer de oxígeno, equipamiento de prevención y material sanitario, así como ayudas alimentarias, a las comunidades que habían quedado  desprotegidas por las autoridades mientras la COVID-19 navegaba por la cuenca amazónica. Gran parte de ese apoyo económico les llegó desde Francia, pero echaron en falta el compromiso con los pueblos indígenas de otros muchos gobiernos e instituciones internacionales que hicieron oídos sordos a su llamada de auxilio.

Ahora, en plena segunda oleada para la Amazonía, anuncian que ese Fondo de Emergencia necesita otros tres millones de dólares. Tomas Candia Yusupi, del pueblo Chiquitano  y presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), lanzaba un mensaje desesperado: “Nos está atacando esta enfermedad y de seguir así vamos a desaparecer. Esta pandemia es un etnocidio. Necesitamos ayuda para proteger a los hijos de la selva”.

 

Las minas a cielo abierto en Groenlandia, el futuro que viene…


Un joven adolescente por las calles de Narsaq, en Groenlandia. @Rosa M. Tristán

ROSA M. TRISTÁN

Hay lugares tan remotos que se quedan en los márgenes del imaginario colectivo, pero que están sufriendo unas transformaciones aceleradas que tienen mucho que ver con nuestro mundo. Y Groenlandia, la gran isla del hemisferio norte, es uno de ellos, aunque sólo nos acordamos cuando, al final de cada verano, los científicos nos recuerdan que hay menos hielo que en el anterior registro, que sus casas se tambalean y sus mares se templan. El cambio climático deshace el Ártico y ahora el riesgo, irónicamente, puede ser el negocio de la minería, a la que viene muy bien este calentamiento.

Y  es que, al contrario que en el caso de la Antártida, estos territorios del norte, y sus hielos, no están protegidos internacionalmente y se sabe que ocultan las llamadas ‘tierras raras’, minerales de gran valor para la tecnología más puntera. No es de extrañar que desde que en 2009 Groenlandia lograra el autogobierno de Dinamarca, muchos sean los ojos que se han puesto en los ricos depósitos de minerales que oculta, fruto de una historia geológica peculiar que ha generado compuestos con propiedades fisioquímicas en alza en las bolsas. China, Estados Unidos y también Australia quieren su pedazo del pastel y es precisamente este último país de las antípodas el que ha generado el primer gran conflicto.

Protesta en Narsaq contra la mina. @John Rasmussen/ Enviromental Justice Atlas

Se trata de la explotación minera Kuannersuit/Kvanefjeld, a escasos ocho kilómetros de Narsaq, el gran asentamiento del sur del país, un lugar entre fiordos habitado por apenas 1.350 familias de pescadores, cazadores de focas y granjeros, una ciudad que se congela en invierno y que vive del incipiente turismo de naturaleza en el verano. Un paraíso natural.

En realidad, la mina no es nueva. Su hallazgo se remonta a 1956, cuando los daneses comenzaron a explotarla en pleno auge de las centrales nucleares. Cuando pasé por Narsaq en 2012 no sospechaba que cerca de aquellas montañas abruptas ya se planeaba el proyecto. En los años 80, se había cerrado cuando el gobierno danés abandonó sus planes de centrales de nucleares y se aprobó, de hecho, una política de tolerancia cero con la energía nuclear.

Fue en 2007 cuando la compañía Australian Greenland Minerals Ltd. (en adelante GML) obtuvo la licencia para explotar minerales raros en la zona, pero concluyó que el proceso de extracción era demasiado costoso si no le dejaban sacar también el uranio y explotarlo comercialmente. Aquella propuesta llevó a que se votara de nuevo la prohibición de extraer este mineral y, finalmente en 2015, y por un solo voto, salió adelante el proyecto empresarial.

Con 120 kilómetros cuadrados de extensión, se calcula que será una de las minas de uranio a cielo abierto más grandes del mundo. GML ha tenido que presentar, desde 2016, cuatro informes sobre el  impacto ambiental, tres de ellos rechazados por el Gobierno groenlandés y grupos ambientales como Amigos de la Tierra. El cuarto está ahora en proceso de análisis, si bien tampoco gusta a los ecologistas. Como el proceso se alarga, la empresa ha llegado a presionar a ministros de ministerios que no son competentes en el asunto para intentar sacar adelante sus planes. Paralelamente, para finales de este mes prepara consultas con la población de Narsaq y alrededores en encuentros que despiertan muchas suspicacias.

En el otro lado, expertos, científicos, el partido groenlandés Inuit Ataqatigiit (IA) y organizaciones ambientales locales e internacionales señalan las consecuencias que tendrá reabrir esta mina de uranio y otros minerales. Preocupa, según señalan estas fuentes, qué pasará con los materiales de desecho, dado el alto contenido de torio radiactivo del depósito que hay, tal como refleja el informe realizado por un experto holandés. Como la mina será a cielo abierto, también se teme la contaminación del agua, posibles derrames o qué pasará con el polvo que contiene materiales radiactivos, dada la cercanía de poblaciones como Narsaq o de granjas de ovejas y otras producciones agrícolas. De hecho, en la zona hay con frecuencia fuertes vientos árticos, que podrían levantar ese polvo radiactivo y expandirlo, denuncia en un comunicado el grupo ecologista de Narsaq llamado Urani Naamik (No al uranio).  Y por otro lado, recuerdan, ¿qué pasará con los residuos que se congelen y descongelen cada año? 

Otro asunto es que la empresa australiana planifica poner las presas de relaves de la mina en el lago Taseq, que sería el lugar de almacenamiento asignado para los materiales de desecho radiactivo, lo que podría suponer la contaminación de las aguas subterráneas, los ríos y el suelo si estas presas tuvieran fugas. En definitiva, consideran que son demasiados riesgos de contaminación radiactiva, lo que sería un desastre ambiental de grandes dimensiones para el sur de Groenlandia dada la lenta tasa de recuperación del medio ambiente polar.

Como en tantos otros proyectos, al tema ambiental se suman las amenazas a la identidad cultural de la región y las divisiones que la mina genera en la pequeña comunidad afectada, tal como recogió el Relator especial de la ONU sobre derechos humanos tras una visita a Groenlandia en 2017. Es la misma división que se vive en toda Groenlandia respecto a la autorización o no de extraer uranio y tierras raras, asunto sobre los que algunos partidos groenlandeses han planteado un referéndum, aunque no está claro quien ganaría, si a favor o en contra. Para algunos esa riqueza será la panacea de su desarrollo económico, en un lugar de apenas 50.000 habitantes, a medida que los hielos desaparecen y el proceso de extracción se hace más fácil. Otros ven las amenazas. 

El proyecto de la compañía minera australiana, además de la mina en sí, incluye la construcción de una planta de procesamiento, un puerto, instalaciones mineras complementarias, las instalaciones de relaves ya mencionadas, una carretera que conecta el proyecto minero y un sistema para el suministro de energía que incluye una gran presa, con embalse y estación generadora de energía. 

Para intentar frenarlo y darlo a conocer, desde Change.org las organizaciones de Narsaq han lanzado una petición de firmas: AQUÍ. 

 

 

La campaña antártica cercenada: consecuencias del COVID-19 en el Hespérides


ROSA M. TRISTÁN

Pintaba realmente mal desde que el pasado 4 de enero se detectaron los primeros positivos a bordo del Buque Oceanográfico Hespérides. El COVID-19 estaba a bordo y la campaña antártica española, que con tanto esfuerzo se intentó mantener en el máximo posible, podía sufrir esta temporada un batacazo importante. Finalmente, el A-33 Hespérides no podrá ir este año al continente blanco y la XXXIV campaña tendrá que limitarse a los que pueda transportar el otro buque polar español, el Sarmiento de Gamboa, que lentamente se acerca a las costas chilenas.

“Hasta el último momento se ha intentado mantener el viaje pero era imposible. La organización de gestores antárticos [COMNAP] recomienda pasar una cuarentena cuando hay un brote y después otra ya sin brote. Eso hacía inviable que pudiera ir por falta de tiempo. Ahora mismo, hay 18 personas positivas a bordo, otras 17 fuera, dos suboficiales hospitalizados (uno grave) y el resto también están aislados en el buque. Al final ha habido que recortar todo el plan previsto”, reconoce Antonio Quesada, el responsable del Comité Polar Español, que llevaba muchos meses trabajando para que el año, pese a la pandemia global, fuera lo más completa posible. Y no pudo ser.

Al final, casi un 40% de los proyectos que salían estos días hacia la Antártida han tenido que ser aplazados para la siguiente temporada. Es decir, van al final cinco proyectos de los ocho previstos. Entre lo que han quedado para otra ocasión está el de geología antártica que dirige Jerónimo López, del que iba a ir una persona; también uno nuevo de Antonio M. Alvarez (Universidad de Salamanca) sobre el estudio de los gases que emite el volcán Decepción; y un tercero de Manolo Catalán, de la Armada, sobre el estrecho de Brandsfield y el canal del Drake y su geodinámica. “Habrá que hacerlos en en la siguiente, en la que tendremos que llevar los dos buques para completar lo que no se ha hecho este año y lo que está previsto para entonces, dado que son proyectos ya aprobados en los que se incluye la recogida de datos en la Antártida. Afortunadamente, este año también ha ido el otro buque, precisamente porque el Hespérides salía más tarde por unas reparaciones, así que las bases se abrirán, que es muy importante”, confirma Andrés Barbosa, responsable del Programa científico Polar.

Entre los que han estado pendientes hasta última hora de su viaje, pero finalmente viajan estos días a Chile para sumarse a los que ya están allí, está el proyecto de seguimiento del permafrost antártico que dirige Miguel Angel de Pablos (Universidad de Alcalá de Henares); uno nuevo que estudiará el papel de los pingüinos en la biogeoquímica antártica, que dirige Antonio Tovar (CSIC) o un proyecto que estudia la contaminación atmosférica en la Antártida a través del estudio de aerosoles. En Punta Arenas deberán hacer cuarentena de 15 días antes de viajar al continente de hielo. Es el plan en el que ahora se encuentra el primer grupo que llegó, con todos sus componentes aislados en habitaciones de hotel desde hace 10 días. Este primer grupo será el encargado de abrir las dos bases, en isla Livingston e isla Decepción.

Pero los cambios no son sólo de proyectos. Hay más consecuencias: la campaña se acorta a un mes, que no da para mucho, pero menos en nada, y que el buque Sarmiento de Gamboa, que llega en breve a Punta Arenas para recoger a ese primer grupo de científicos, técnicos y militares confinados, tendrá que ampliar su estancia polar unos 10 días. Lo malo no puede hacerlo mucho más porque tiene otra apretada agenda de expediciones oceanográficas. Es decir, que las bases Juan Carlos I y Gabriel de Castillas abrirán, que es lo importante, pero tendrán que cerrar, a más tardar, el 20 de febrero.

“Evidentemente, habrá que pedir explicaciones de lo que ha fallado. Si que se ha hecho todo lo posible para atajar el brote pero no ha sido posible y las recomendaciones internacionales son muy estrictas”, señala Quesada.

De hecho, es algo que tendrá que averiguarse desde la Armada para que pueda evitarse en nuevas ocasiones. Hasta ahora,  sólo ha habido tres casos detectados de brotes COVID-19 en relación con la Antártida: dos generados por un buque militar chileno en dos bases  de este país y el del BIO Hespérides. Sin embargo, son muchos los programas polares que estos días envían buques al continente para mantenimiento de sus bases y reemplazo de su personal o suministros. Es una actividad bajo mínimos, respecto a otros años, pero no deja de haber movimiento.

En el caso de España, pese al esfuerzo previo para que todo saliera bien, el plan de campaña se ha frustrado por donde menos se esperaba, que era la parte militar. Y está claro que el coronavirus aprovecha cualquier mínimo resquicio para colarse de polizón indeseable donde menos se le espera. La solución, una vez a bordo, era compleja porque el Hespérides tiene una amplia tripulación (57 personas en total) que han recibido una formación previa muy concreta para poder ir a la Antártida de campaña científica, lo que hacía imposible que pudiera ser, mayoritariamente, reemplazada por otra nueva.

Por otro lado, además de reducirse la presencia científica, el movimiento que si que ha desaparecido del mundo antártico es el turístico. Este año no habrá cruceros transportando miles de personas por la zona de la Península Antártica. Desde la base uruguaya de Artigas, en la isla Rey Jorge, donde está el aeródromo, explican que ya se nota esa baja presencia humana pues apenas han pasado por allí estos últimos días dos yates de ‘mega-ricos’ y barcos de logística. Lo cuenta Andrés Barbosa, que trabaja directamente con ello. Precisamente, este hecho diferencial será analizado por los científicos para ver hasta qué punto es dañina la presencia masiva humana en determinadas áreas antárticas. 

Desde este blog, sólo añadir deseos de pronta recuperación a los afectados del Hespérides y mucha suerte a los que inician la ruta.

#SOMOSANTÁRTIDA

Okavango, un tesoro único amenazado por el petróleo


En Namibia, cerca del Delta del Okavango, uno de los lugares con más concentración de fauna salvaje del planeta. @ROSA M. TRISTÁN

Una compañía canadiense tiene licencia para explotar 25.000 kms2 en la zona del delta africano con mayor biodiversidad de vida salvaje

ROSA M. TRISTÁN

Cada vez quedan menos lugares en la Tierra tan asombrosos como el Delta del Okavango y sus alrededores, en el corazón de África. En realidad, no es un río que desemboca en el mar, como el Ebro, sino que el Kavango lo hace en una inmensa llanura por la que los cinco grandes (león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo), entre otros muchos seres vivos, corren, cazan, se reproducen y viven ajenos a un mundo que cada día les acorrala un poco más. También hay comunidades humanas. La noticia de que en las cercanías de ese majestuoso lugar se preparan explotaciones petrolíferas, por parte de una compañía canadiense, ha desencadenado una campaña internacional que pretende ponerle freno y que viene a confirmar que ningún espacio natural está a salvo por más que sea Patrimonio de la Humanidad.

El PNUMA señalaba en un informe que el 15% de las tierras del planeta están protegidas, de uno u otro modo, un porcentaje que excluye la Antártida, que es inmensa pero que, por cierto, también esconde valiosos minerales y recursos naturales, al igual que Groenlandia, la Amazonía o las selvas de Centroáfrica. 

En este caso, se trata de la compañía canadiense Reconnaissance Energy (Recon Africa), que según su página web “descubrió’ una cuenca sedimentaria en el río Kavango y ha conseguido el 90% de una licencia de explotación otorgada por el Gobierno de Namibia para un área de 25.341 km2. Cuando se hace un seguimiento, es sorprendente la cantidad de minas que los canadienses tienen abiertas por el mundo, ya sea conbre en el Congo o Zambia, oro en Perú o plata en Guatemala.

La licencia de Recon África, en realidad fue traspasada por otra empresa que la consiguió en 2015 y se suma a una segunda sobre el mismo río en el noreste de Botsuana, con otros 8,990 km2 para explotar durante un cuarto de siglo cualquier descubrimiento comercial. En total, un poco menos del tamaño de Suiza. ¿Y qué es lo que han ‘descubierto’ ? Pues un “sistema de petróleo activo’ a nueve kilómetros de profundidad en la cuenca, que dicen tiene condiciones óptimas. Seria, según los expertos, la única cuenca que aún queda por explotar a esa profundidad en el planeta y se estima que contiene 18,2 mil millones de barriles de petróleo. La comparan con la cuenca pérmica que se encontró en Texas.

Justo este mes de enero, la empresa canadiense acaba de anunciar que iniciará las consultas públicas ambientales para que se presenten alegaciones, pero informaciones en medios de la zona indican que ya han iniciado las obras paras las perforaciones de prueba en al menos en uno de los tres pozos que el gobierno de Namibia ya ha autorizado a 55 km al sur de la ciudad de Rundu y en la primera mitad de enero, según un comunicado de la empresa, comenzarán a perforar.

Como en tantas otras ocasiones la población local no ha sido consultada ante del inicio de las prospecciones. Es mas, aseguran que o tiene ni idea del proyecto, que implica cientos de pozos de petróleo. “La comunidad local está en la oscuridad, no tiene pistas sobre lo que está pasando”, denuncia en Mogaby News Max Muyemburuko, presidente de Muduva Nyangana Conservancy, “y quieren que se escuche su voz”. Muyemburuko niega contacto alguno con Recon o el gobierno de Namibia y recuerda que la población vive del turismo y los recursos naturales de la tierra, medios de vida que desaparecerían ante una contaminación por la producción de petróleo y gas, a lo que se añaden los daños ambientales. “Kavango es la única tierra que tenemos”, asegura. “Queremos guardarlo para la generación venidera”.

La respuesta del Ministerio de Minas del país africano es que las actividades de exploración de petróleo no dañarán el Okavango “de ninguna manera”, ni ningún parque nacional, y destaca los beneficios económicos que se obtendrán. Claro que si incluye parte de la iniciativa de conservación KAZA (Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area), que aglutina áreas con diferente protección en varios países en torno a los ríos Kavango y Zambeze. Según las organizaciones de la zona, la mayor parte del área que cubre la licencia de exploración petrolera en Namibia se encuentra en precisamente en Kaza, en total, 520.000 kilómetros cuadrados repartidos entre Angola, Botsuana, Namibia, Zambia y Zimbabue. Allí vive la mayor población de elefantes africanos y es una de las últimas fortalezas del perro salvaje  (Lycaon pictus).

Portada del informe de Recon Africa sobre explotación en Kalahari.

Y las dos áreas de exploración de Recon Africa tanto en Botsuana como en Namibia se encuentran en gran parte dentro de la cuenca del río Kavango, que desemboca en el delta del mismo nombre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los conservacionistas están especialmente preocupados por el impacto potencial que la perforación de petróleo y gas podría tener en los cursos de agua interconectados de la cuenca del río. “Existe una grave falta de conocimiento sobre los recursos de agua subterránea en el área objetivo de extracción de petróleo y gas”, dijo Surina Esterhuyse, geohidróloga de la Universidad del Estado Libre, Sudáfrica en una entrevista. “En Botsuana, la cuenca del río Okavango todavía es relativamente prístina, pero la exploración y extracción planificadas podrían tener graves impactos en el delta y en los recursos hídricos en Namibia y Botsuana, dos zonas de gran escasez de agua”, añadía Esterhuyse, cuya investigación se centra en el impacto de la extracción de petróleo y gas en los recursos de agua subterránea. Como en otras extracciones de recursos similares, para convencer a la población más cercana de las bondades de la actividad minera, la compañía ha anunciado que ya han acondicionado un pozo de agua potable, en una zona de gran carestía de este recurso.

A la escasez de agua, que requerírían los pozos,  investigadores y ecologistas suman el riesgo de que se contaminen los recursos hídricos, aumente la deforestación y desertificación, se incrementen los niveles de ruido causados ​​por perforaciones, afectando a personas y a la vida silvestre y haya más caza furtiva e incluso más actividad sísmica, que puede persistir mucho tiempo después de la perforación. Chris Brown, director ejecutivo de la Cámara de Medio Ambiente de Namibia, ya dijo el año pasado que un proyecto de esta naturaleza debía pasar por revisiones ambientales y procesos de permiso y Recon África asegura que habrá jornadas informativas y consultas en las poblaciones ma´s cercanas, Rundu y Nkurenkuru y sus autoridades tradicionales, pero no incluye a otras zonas más alejadas que también podrían ser afectadas y también debieran tener voz y voto.

Mapa de la zona donde está la futura explotación petrolífera

Por otro lado, los riesgos que plantea la extracción de petróleo y gas podrían ser aún mayores si se utilizan técnicas de fracturación hidráulica no convencionales, comúnmente conocidas ‘fracking’, algo que ha suscitado otra preocupación añadida tras la contratación de ingenieros experimentados en está técnica, si bien tanto Recon como el gobierno de Nambia lo han desmentido.

Llama la atención que la misma Recon Africa que quiere sacar a la atmósfera muchos miles de millones de toneladas de CO2, colaborando en incrementar el cambio climático global, afirme en su web que los camiones que se utilicen serán “eficientes, de huella limitada y ecológicos”, una etiqueta que va a dejar de tener sentido con tanto uso fuera de lugar. También lo llama que el Gobierno canadiense, muy comprometido con los compromisos del Acuerdo de Paris (recientemente anunció un sustancial aumento del impuesto de carbono para reducir un 40% las emisiones hasta 2030), no ponga cortapisas a explotaciones que contradicen estos objetivos.