ROSA M. TRISTÁN

Desde hace días, los huracanes y tormentas tropicales que asolan Centroamérica están siendo noticia, más o menos relevante según el medio. Desde hace días vemos casas flotantes, coches flotantes, tierras que son barrizales donde antes había cultivos, gentes desoladas, otras gentes que hacen negocio de la desesperación… Casi todos son pequeños campesinos, muchos indígenas, de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador… No fueron muy visibles en la última Cumbre del Clima, la COP 25 chilena celebrada en Madrid, menos aún que los de Brasil, Colombia o Ecuador. Venden aún menos que la Amazonía. Diría que no existieron, y sin embargo este 2020 nos está demostrando que para ellos el cambio climático no es un futurible del 2050. Cientos de fallecidos, decenas de miles de hogares que se llevó el agua y el viento, cosechas y animales ahogados…

Si hubieran ido a la COP 25 se hubieran enterado que una vez más la comunidad internacional aplazó la decisión sobre la financiación de los daños y pérdidas que ya causa el cambio climático, porque esos 30 huracanes que este año ha habido en el Atlántico (hasta ahora) ha superado todas las previsiones y porque su intensidad de hasta un categoría 5 a finales de la temporada ha sido inesperada. Son fenómenos climáticos extremos y más comunes. Una de las consecuencias de un calentamiento del agua de los mares, que forma parte del calentamiento global.

Pero las víctimas no tienen cómo recuperarse de ello, salvo por unos programas de cooperación internacional, menguante en tiempos de crisis, como la actual, o créditos que salen caros a sus gobiernos. 

Lo que si existe es el Fondo Verde del Clima, que no sirve para pagar esos daños que están ahí, sino para mitigar y adaptarse a un cambio climático que es ya inevitable. Para evitar daños, habría que haberlo puesto en marcha hace muchos años, de forma que ya hubieran ‘mitigado’ lo que está pasando, pero ¿qué líderes de este mundo tienen visión a largo plazo?. El Fondo, la verdad, ha ido a cámara lenta y, lo que es peor, aún cuesta que los países ricos y contaminantes ‘aflojen el bolsillo. Precisamente, días atrás, la junta que decide sobre este Fondo (con representantes de 24 países), en su reunión número 27 -reuniones hay muchas- impulsó algo esta financiación climática para países en desarrollo. Aprobaron 16 proyectos por un total de 1.010 millones de dólares para proyectos de bajas emisiones contaminantes y resistentes/resilientes al clima global cambiante. Con ellos, ya son 7.000 millones los aprobados desde que está en marcha, 2.000 millones este año. Por ponerlo en perspectiva, la marca de vehículos BMW obtuvo en 2018 beneficios netos de 7.000 millones en euros, la misma cantidad. Es evidente que queda un largo camino por recorrer para llegar a los 100.000 millones de dólares que pretendían recaudar cuando se creó en 2010. 

El director ejecutivo de Fondo, Yannick Glemarec, declaraba que «se está brindando más apoyo que nunca a los países en desarrollo», lo que es cierto dado el poco o nulo que hubo antes. Otra cosa es saber si con tan pocos recursos, y dada la velocidad de la emergencia climática, es realmente un instrumento hoy eficaz. De hecho, al investigar un poco su funcionamiento se comprueba que hay poco más de 100 entidades acreditadas para proponer los proyectos, de los que en estos 10 años se han puesto en marcha 53 relacionados con la adaptación y 35 con la mitigación de los efectos. Otros 32 son transversales. ¿Es esto suficiente para un mundo donde 5.000 millones de humanos no cuentan con recursos suficientes para enfrentarse a 1,5ºC más de media que, recordemos, no han provocado? Cabe señalar que en 102 de estos proyectos, el dinero se ha enviado a entidades públicas y 27 a ONG u otras entidades privadas, como empresas (2.700 millones). Ahora bien, otra pregunta: ¿Qué hacen los gobiernos con ese dinero, sobre todo aquellos en los que la corrupción está muy arraigada? Algunos investigadores de universidades han señalado que lo mejor sería crear comisiones nacionales que controlaran que la financiación acaba donde se necesita realmente. También ha sido una propuesta de escaso eco.

Volviendo a esta última reunión, se dió via libre a proyectos que conviene conocer (recordemos que es el único fondo que ayuda a países que ya están sufriendo impactos): 23 millones de dólares para comunidades rurales en Mongolia (beneficiará, señalan, a casi un millón de pastores), 82 millones destinados a un plan forestal en Argentina (país de la ganadería extensiva por excelencia, con 53,8 millones de vacas que son las que más emisiones generan) o 99 millones para que una agencia de la ONU (la International Fund for Agricultural Development, IFAD) lo invierta en apoyos al nordeste de Brasil, mientras Bolsonaro sigue promoviendo la deforestación.

Para la maltratada Centroamérica, el Fondo Verde ha destinado 54 millones a Costa Rica, para un proyecto contra la deforestación, 30 millones para el Corredor Seco de Guatemala a través de la FAO (ayudas a la agricultura) y otros 64 millones para la reserva de Bosawás  y la biosfera de Rio San Juan de Nicaragua. A ello se suman otros 100 millones para financiación ‘verde’ al Banco de Desarrollo de América Latina, que no llegará a las comunidades. Desde luego no basta. Sólo en Guatemala ha habido 1,3 millones de afectados, la inmensidad de ellos pequeños campesinos indígenas, tras el paso de dos huracanes en 15 días -Eta e Iota-. Su presidente, Alejandro Giammattei, ha pedido ayudas para crear seguros agrarios (que no podrán pagar los damnificados, porque no tienen nada), pero el suyo es un claro ejemplo de una realidad que está ahí: mientras la FAO consigue dinero para los guatemaltecos, el Congreso del país recorta en 21 millones de euros su presupuesto en 2021 para un programa de desnutrición mientras aumenta el del propio parlamento. Por cierto que ese presupuesto se aprobó a puerta cerrada y ha desencadenado la rebelión popular contra lo que llaman ‘pacto de corruptos’ entre gobierno y empresarios que suman al cambio climático el expolio de los pocos recursos naturales que quedan. Ese Congreso ha ardido en llamas.

No menos sorprendente es el reducido tamaño de las partidas aprobadas por el Fondo Verde Del Clima para África en este encuentro: se destinan a alimentación adaptada al cambio climático en Burundi unos 10 millones de dólares, en sistemas de información climática que pueden ayudar en la prevención para Liberia otros 10 millones y para ampliar en Sudán la ‘Gran Muralla Verde de África’, como sumidero de carbono con árboles de goma arábiga, 10 millones más. En total, 30.  

Por contra, el gran beneficiado ha sido una institución financiera de Bangladesh, el IDCOL, que recibirá 256 millones de dólares para promover la inversión ‘a gran escala’ del sector privado textil del país asiático en tecnologías y equipos de ahorro de energía, un sector privado que por cierto tiene pingües beneficios, dado que en todo el mundo se vende ropa ‘low cost’ con origen en sus fábricas a través de grandes multinacionales… 

En definitiva, que en este momento no hay fondos para reconstruirse tras una debacle climática en esa parte del mundo que las sufre en soledad (y más que se avecinan…), pero tampoco los suficientes como para mantener a las poblaciones arraigadas en sus tierras en un contexto de cambio climático, sin olvidar que en muchos casos esas tierras y su agua son codiciadas para explotación minera, cultivos extensivos como la palma africana o grandes hidroeléctricas sobre ríos que en un contexto de calentamiento global o llevan cada vez menos agua o se desbordan en grandes crecidas. 

Eso si: a quienes lo han perdido todo, que no se les ocurra venir a llamar a nuestra puerta, que les devolveremos a sus tierras resecas, sus comunidades devastadas, sus casas hundidas y o sus campos inundados. Eso tiene un nombre: INJUSTICIA CLIMÁTICA. Y no podemos cerrar los ojos.