La decisión del presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo, de quedarse con los ahorros de los científicos (llamados remanentes), que habían ido guardando para dar viabilidad a sus proyectos, y utilizarlos en otros gastos, ha sentado como un tiro a la plantilla, hasta tal punto que un grupo de ellos ha decidido buscar asesoría legal para tener la certeza de que esa especie de ‘corralito’ se ajusta a la Ley y en caso contrario llevar el caso a los Tribunales. Eso si, lo que tienen claro es su «patente inmoralidad».

Desde hoy, buscan adhesiones del resto de los colegas que ayuden al pago de la asesoría, y ya tienen unas cuantas de profesores de investigación, científicos titulares, técnicos, becarios, etc.

La ‘socialización’ de ese dinero, como contaba esta misma semana en este blog, fue anunciada por Emilio Lora-Tamayo a finales de junio (el vídeo está en el link anterior). Ahora, los afectados le recuerdan que esos remanentes son ahorros de decenas de años (en contratos y proyectos) «en muchos casos a base de renuncias a beneficios personales» que fueron guardando para tener un ‘colchón’ que asegurara la continuidad de su trabajo, algo que evidentemente no hizo la institución.

Por ello, acusan a los gobiernos del CSIC  (al actual y los anteriores) de haber disipado estos fondos «por su mala gestión económica y sin el conocimiento ni, por supuesto, el consentimiento de los grupos de investigación que los generaron».

A falta de un dictamen jurídico, parece que entrar en una caja de caudales que llenaron otros y quedarse su contenido sin permiso, porque se ha malgastado el dinero propio, podría decirse que es un caso similar a los ocurridos en otros ámbitos, que han llenado muchas páginas en los medios.

Y es que los afectados, no sólo denuncian que es una estocada a la continuidad de sus proyectos científicos (que es para lo que están en el CSIC), sino que tienen serias dudas sobre el fondo y la forma en los que se tomó la decisión: «El sentido común dicta que pongamos este caso en manos de un bufete de abogados para que estudien la legalidad de la resolución y, llegado el caso, adoptar las medidas oportunas conducentes a la devolución por parte de la autoridad responsable de esos remanentes a los grupos de investigación», anuncian.

Por si alguien lo olvidó, dejan claro que garantizar el pago de los salarios a los 15.000 trabajadores de esta institución pública es  responsabilidad del Estado y no de estos grupos científicos, aunque ahora traten de echársela encima. ¿Acaso no eran las autoridades del CSIC quienes debían conseguir esas garantías?

Lo peor es que, aun con esa apropiación para paliar el desbarajuste económico, las cantidades ofrecidas a cada centro para el segundo semestre de este año, como informó el secretario general del CSIC en una carta esta semana,,  no son suficientes: se decía que se utilizaría para abonar sueldos y para trabajos en curso, pero en los centros de investigación indican que «no alcanzan, en muchos casos, ni siquiera para el pago de los salarios», lo que supone, a la espera de nuevas noticias, «un horizonte de suspensión de pagos y parálisis de la actividad investigadora», según sus propias palabras.

ADHESIONES DE CIENTÍFICOS

Si la iniciativa de acudir a los abogados prospera (basta escribir al correo  remanentes@incar.csic.es indicando ESTOY DE ACUERDO, el nombre y nivel) no sólo se tomaran medidas judiciales contra el ‘corralito’, sino que se anuncia el envío a la prensa de detalles sobre los «peculiares procedimientos de gestión económica de este gobierno del CSIC y sus antecesores» y de la patente falta de compromiso del Estado central con la investigación científica en España, que por otro lado ya es conocida.

Coincidiendo con estas acciones legales, el colectivo Carta por la Ciencia también han hecho público un comunicado en el que, tras felicitarse de la manifestación del 14 de junio,  recuerdan que en diciembre ya se denunció que el presupuesto era insuficiente, que han tardado ocho meses en aprobar otros 25 millones cuando los necesarios para salir adelante son 100 (dicen que en otoño habrá otros 50, ya se verá…) y que el bloqueo de fondos de I+D+i en CC.AA. con exceso de déficit sigue siendo una medida «graciable» de Hacienda y puede volver a producirse al próximo año porque no se ha modificado la ley que podría eximir de este bloqueo a las inversiones en I+D+i.
Y mientras desde el Gobierno nos siguen diciendo que esto va a mejor… Haría gracia si no fuera para llorar.