El personal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha pedido explicaciones a su máximo responsable, el presidente Emilio Lora-Tamayo, por unas ‘gratificaciones’ que, según aseguran, han recibido determinados puestos ligados a la gestión de este organismo (el más importante de España), por un valor de unos 600.000 euros, precisamente en un momento en el que el CSIC atraviesa una profunda crisis, con un agujero de 150 millones de euros.

Una investigadora aludía a las ‘bufandas’ o gratificaciones en la protesta del 14 de junio.|Rosa M. Tristán

Según datos que manejan, en torno al 80% de esas gratificaciones recaen en la organización central (la sede de la calle Serrano, 117), mientras el resto va a gerencias y puestos de representación (coordinadores de área, delegados en comunidades autónomas, etcétera). «Se asignan determinadas cantidades a un número limitado de trabajadores que realizan trabajos extraordinarios fuera de la jornada laboral que no se detallan y no pueden ser objeto de verificación», afirma Comisiones Obreras en un comunicado en el que también recuerda que para ese tipo de trabajo «ya existen otros conceptos como las horas extra que, sin embargo, se aconsejan reducir a su mínima expresión».

Estas ‘bufandas’, como las llaman los científicos, son legales, pero para la Plataforma por la InvestigACCIÓN no son moralmente éticas en un momento en el que muchos de ellos han salido a la calle porque no tienen ni para tinta de las impresoras, que deben dejar de trabajar con horario fijo para ahorrar luz y ni siquiera pueden hacer conferencias al extranjero. Por ello han escrito ya en dos ocasiones a Lora-Tamayo y a la secretaria de Estado Carmen Vela pidiendo explicaciones. No han obtenido respuesta… de momento.

En la primera, del 22 de mayo, le recordaban (o le insistían, porque no creo que lo hubiera olvidado) la crisis que atraviesa la investigación y hacían patente su preocupación por ‘la posibilidad’ de que autoridades del CSIC (de niveles elevados, 28, 28 y 30) hubieran recibido «las conocidas bufandas», que ya se repartieron en 2012. «Nadie niega su legalidad, pero sí su moralidad discutible teniendo en cuenta la situación actual. En momentos en el que la viabilidad del CSIC está en entredicho, con una deuda de entre 100-150 millones de euros; momentos en los que se rebajan sueldos y pagas extras; o momentos en los que la ciencia ha sufrido recortes de casi un 40%, el hecho de cobrar estos pluses es, cuando menos, éticamente dudoso, pues se ha de predicar con el ejemplo y no abrigarse con bufandas mientras el resto de personas que viven de la ciencia van con el cuello al aire (por no mencionar la mismísima retaguardia)», argumentaban en la misiva.

También aseguraban que no ponían en duda los esfuerzos de las autoridades del CSIC por mejorar la situación de la institución, ni siquiera que sus sueldos fueran bajos, «pero también lo son», señalaban, «los de todos los demás». 

Emilio Lora-Tamayo|EFE

Como la carta no tuvo contestación, enviaron una segunda y hasta una tercera el pasado 17 de Junio, esta vez con copia al vicepresidente Antonio Figueras y a la secretaria de Estado de I+D Carmen Vela, con términos muy similares, pero mencionando «el malestar que produce la sola posibilidad» de sobresueldos «por el escaso ejemplo de austeridad que sí es exigido en niveles inferiores». Tampoco la ha habido…  Este Laboratorio para Sapiens lo intentó a través del Gabinete de Prensa del CSIC. Silencio hasta ahora.

A la espera de una respuesta oficial, el ambiente entre algunos investigadores, que hacen encaje de bolillos con sus recursos, es de preocupación: » Me indignaría conocer el reparto de «fondos de libre disposición» entre las propias autoridades que nos gobiernan según los niveles de funcionariado, más allá de lo que estipulen sus cargos», me reconoce uno de ellos.