Los niños, víctimas ‘invisibles’ de la violencia machista


ROSA M. TRISTÁN

Son ya 22. O 29, según otras cifras, que nunca cuadran las oficiales con las de las organizaciones sociales. Mujeres que en lo que va de año han muerto a hachazos, descuartizadas, estranguladas, apuñaladas, tiroteadas… Qué diversidad de métodos usan los asesinos para acabar con ellas  y qué poco sabemos de sus vidas, de sus miedos, de sus silenciosas llamadas de auxilio, de cómo les están afectando los recortes en los servicios a los que acudían, de lo que será de sus hijos…

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Son 22, o 29,  víctimas de una sociedad que aún no es consciente de donde está la raíz de esa violencia machista y criminal. Y esa raíz está bien asentada, sólida en los cimientos  que van conformando el sentir emocional de los niños y las niñas que viven en hogares donde la convivencia es un infierno. Criaturas con modelos de comportamiento que no son corregidos en las escuelas porque nadie se ha preocupado por insistir en ello. Para remate, si hasta ahora Educación para la Ciudadanía ha servido para que el asunto fuera tratado en las aulas ‘obligatoriamente’, la reforma Wert  (la LOMCE) ha acabado con esa posibilidad.

A cambio, Religión Católica o Valores Éticos. Y la disyuntiva ya tiene lo suyo, porque si algo le falta a la Iglesia es ética a la hora de tratar la igualdad de géneros. Está por ver una declaración oficial de la Conferencia Episcopal contra estos criminales que matan a madres delante de sus hijos, que se saltan a la torera las órdenes de alejamiento porque saben que nadie les vigila, que comparten la custodia de los niños pese a su historial de amenazas y palizas.

En un reportaje publicado en ESCUELA hace unos días hablo precisamente de esos niños que también son víctimas y que, si nadie lo impide, tienen boletos para ser ‘replicantes’ de unos crímenes atroces.

A CONTINUACIÓN, EL TEXTO COMPLETO:

NIÑOS, LAS VÍCTIMAS OLVIDADAS EN UN HOGAR VIOLENTO

El Gobierno aprueba un Plan de Infancia y Adolescencia en el que se busca el apoyo de los docentes para ‘visibilizar’ a los hijos del maltrato. Sindicatos y asociaciones dudan de su eficacia real

ROSA M. TRISTÁN

“No levanta un palmo del suelo pero dominaba a los que le sacan dos cabezas. Es un líder que acosaba a quien puede y tenía sometidos a todos los que estaban a su alrededor. Su único objetivo en el colegio era molestar a los demás, mayores y pequeños. Pegaba, mangoneaba, manipulaba… Con 13 años, Jorge (el nombre es ficticio) era un caso claro de una víctima de violencia de género. El padre no quería venir a hablar conmigo, su tutora, porque soy una mujer”. María, que prefiere guardar el anonimato, es docente desde hace años en el colegio público de una pequeña localidad granadina. El curso pasado se tropezó con una de esas ‘víctimas invisibles’ de la violencia de género que ahora el Gobierno quiere sacar a la luz. No tuvo recursos ni apoyos para poder ayudarle.

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El caso de este pequeño es uno de los 800.000 que, según algunas estimaciones, existen en España y a los que el nuevo Plan Estratégico Nacional  para la Infancia y la Adolescencia 2013-2016  pretende  proteger. Así lo asegura a ESCUELA la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández Oliver, que en la actualidad trabaja para concretar algunas de las 125 medidas incluidas en el documento aprobado este mes de abril.

LOS GRANDRES OLVIDADOS

El Plan, que apenas presentado ya ha despertado recelos sobre la eficacia de su implantación, vendría a llenar el agujero que dejó, hace casi una década, la Ley Integral contra la Violencia de Género, una normativa en la que no se incluyeron como los hijos como víctimas de estas agresiones en el hogar. Fueron ‘los grandes olvidados’, según el texto del nuevo Plan.

Cuando María, la maestra granadina, se tropezó con Jorge, su primera reacción fue hablar con la madre del alumno rebelde, pero no sirvió de nada: “Ella tenía el síndrome de Estocolmo, era incapaz de ver lo que estaba pasando en su hogar y sobreprotegía a su hijo”.

A continuación, buscó apoyo en la dirección de centro: “No quisieron saber nada; siguen la política de que no hay que meterse en líos y ni siquiera la orientadora se preocupó”. Este curso,  los padres de Jorge optaron por matricularle en un internado, sin asumir que sus problemas de conducta, el insomnio, la ansiedad… tenían que ver con un comportamiento que había ‘mamado’ desde la cuna. Ya ha sido expulsado del nuevo centro.

“Es importante tomar medidas de protección con los menores porque claramente son  víctimas como sus madres. El Plan nace de la necesidad probada de evitar que esos niños, al estar expuestos a la violencia de género, se conviertan en transmisores intergeneracionales de las  agresiones. Y no hablamos de unos pocos. Según los datos de que disponemos, un 70,6% de las mujeres maltratadas tiene hijos y más del 60% reconoce ellos también son agredidos por los padres”, apunta la delegada del Gobierno.

Casos como el de la niña de seis años asesinada por su padre, a comienzos de abril, en el municipio de Campillos (Málaga), ponen los pelos de punta. El padre había sido condenado en diciembre por malos tratos a la madre a seis meses de prisión (pero no llegó a ingresar) y tenía una orden de alejamiento. Pese a ello, mantenía la patria potestad de la pequeña, así como el régimen de visitas, razón por la que la cría fue a pasar con él la Semana Santa. Nunca volvió a su casa.

Como tampoco lo hicieron el año pasado Ruth y José, después de salir de paseo por Sevilla con su padre, José Bretón, durante el fin de semana que ‘le tocaba’, o el niño canario que murió carbonizado junto a su progenitor, cuando éste estrelló su coche para que su madre lo viera desde la ventana.

MÁS VÍCTIMAS QUE ETA

En total, en lo que va de año, las organizaciones ya contabilizan cinco criaturas muertas que sumar a las 16 mujeres asesinadas.

“Es una  barbaridad. Pero cuando los políticos llegan al Gobierno se olvidan de sumar. Ninguno lo dice, pero hay 10 veces más muertes por violencia de género que por ETA en la historia de este país, y seguimos dejando en manos de los jueces la custodia compartida, diciendo que las denuncias son falsas, como aseguraba el diputado Tony Cantó, y  quitando subvenciones a las organizaciones”, denuncia Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.

Pérez del Campo abrió hace más de 20 años el Centro de Atención, Recuperación y Reinserción para Mujeres Maltratadas (CARRMM). Por ese refugio secreto ya han pasado 1.187  víctimas (el 91% son madres) y sus hijos. La mayoría, menores de 10 años. El 82% asegura que hubo situaciones en las que el progenitor agredió psíquica o físicamente a los menores, según el estudio realizado a los 15 años de su apertura.

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La ley actual, sin embargo, ni siquiera permite que las profesionales de este recurso realicen terapia a los pequeños, aunque la necesiten, porque precisan autorización  del padre del que huyen. “La violencia les marca para toda la vida. Llegan con anorexia, con trastornos del sueño, ansiedad, algunos son muy introvertidos  y otros todo lo contrario. Y el que lo ha provocado, porque nadie nace violento, sigue teniendo la patria potestad”, denuncia Pérez del Campo.

Para que no queden dudas, la abogada lee a ESCUELA el artículo 94 del Código Civil donde se habla del régimen de visitas en caso de separación de los padres: “El juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar  o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumpliere de forma grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial”. “¿Ves? La ley ya protege a los niños, pero lo que falta es que los jueces suspendan esas visitas con padres violentos”, reclama.

Este es el hándicap más grave que desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos también ven la legislación actual. “El problema es que hay un amplio marco de discrecionalidad judicial y de falta de sensibilidad de los operadores jurídicos, lo que impide que los recursos existentes se apliquen. A mi modo de ver ‘grave circunstancia’ es la violencia de género, pero otra cosa es lo que interpretan jueces, fiscales o abogados”, argumenta su presidenta, Susana Martínez Novo.

Precisamente, éste es un asunto que no se especifica en el Plan, aunque la delegada señala que “se está trabajando con el Ministerio de Justicia para ir más allá y que los jueces de los procesos penales se personen en los civiles”.

AUMENTO DE MALTRATO INFANTIL

Y mientras la Justicia parece ir contracorriente de una demanda social urgente, el informe presentado por la Fundación ANAR hace unos días pone de manifiesto que esta violencia directa contra los menores en su propio hogar, lejos de disminuir, está aumentando azuzada por la crisis económica.

El año pasado, en el Teléfono del Menor de ANAR detectaron 565 casos en los que había niños maltratados. La Fundación, en total, recibió un 13,6% más de llamadas que el año anterior y unas cuantas fueron de docentes que conocían el servicio y trataron de ayudar a sus alumnos: “Los menores sufren un brutal maltrato emocional, aunque no les peguen a ellos. A veces el niño ni siquiera presenta síntomas evidentes, pero ese aprendizaje está ahí, interiorizado y muchos profesores lo detectan”, reconoce Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación.

María, la maestra granadina que prefiere ocultar su identidad, no tuvo ninguna duda sobre Jorge. “Los maestros anteriores ya me dijeron que era un niño conflictivo desde pequeño. Cuando finalmente vino el padre al colegio,  comprobé que él seguía su patrón. ¿Qué podía hacer yo? Intenté que afrontáramos el problema en el centro, pero no tuve éxito. Y lo mismo pasa en muchos otros colegios”, asegura.

LOS DOCENTES, IMPLICADOS

Hernández Oliver está convencida de que el nuevo Plan va a cambiar la situación y a ayudar a los docentes que, junto con los médicos, son claros agentes de detección de casos de violencia de género en los menores.

Según se anunció al ser aprobado en el Consejo de Ministros del 5 de abril, este Plan estará dotado con 5.159 millones de euros para tres años, de los que un 75% serán aportados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Desde el Gobierno andaluz no han tardado en señalar que “si se han bajado un 50% los Presupuestos Generales del Estado para infancia y familia desde 2011”, difícilmente tendrán dinero para este ambicioso programa.

Pero la delegada del Gobierno no considera que el tema económico vaya a ser un problema y destaca que gracias a esta estrategia no sólo ayudará a recoger datos y a incorporar a los menores en las leyes ya vigentes (Ley del Menor, Código Civil, Ley Integral contra la Violencia de Género, etcétera), sino que sobre todo “los visibilizará y los protegerá”.

Entre las medidas previstas se encuentra un registro de los niños maltratados. Es una cuestión que, según la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, será positivo para acercarse a una cifra real de afectados, aunque dejaría fuera a los que, como Jorge, no están en el ámbito judicial. Y también se habla de asistencia integral a estos menores, si bien desde los servicios ya en marcha en la comunidades autónomas. Nada nuevo en el horizonte.

Para los centros educativos,  si se anuncia un protocolo de actuación que ayudará a la detección y denuncia de posibles casos, así  como materiales didácticos que se pueden descargar de una web puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y la Federación Española de Municipios y Provincias (http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/) para fomentar “la educación en valores como la igualdad”, en palabras de Hernández Oliver.

Pero de momento, la delegada del Gobierno no sabe precisar si habrá cursos de formación para docentes: “No se sabe, pero la función de los docentes es fundamental”, insiste.

“La filosofía está muy bien, aunque no cuadra nada con la futura LOMCE, que va justo en sentido contrario·”, acusa Carmen Heredero, de la Federación de la Enseñanza de Comisiones Obreras. “Es sorprendente que recojan en el Plan que hay que educar en valores cuando han eliminado Educación para la Ciudadanía que es donde se hablaba de ello”.

Heredero duda que este ambicioso Plan, que incluye ocho objetivos diferentes,  logre implicar a docentes a los que el Gobierno está aumentando las horas lectivas y los ratios por aula, acabando con la enseñanza individualizada. “Incluso mencionan que hay que aumentar la participación juvenil en los consejos escolares, cuando la nueva ley les recortará sus funciones para dejarlos en meros órganos informativos”, recuerda la sindicalista.

El hecho de que no se haya tenido en cuenta a los sindicatos ni a las organizaciones sociales para su elaboración, es otro de los puntos que cuestiona de este Plan Estratégico: “Ahora mismo no hay mecanismos a seguir en los colegios en estos casos, ni siquiera en los más llamativos. Al final, si tienes sensibilidad, y al margen del trabajo, te implicas personalmente,  pero no todo el mundo la tiene. Es increíble que no cuenten con nosotros. En muchos colegios, se deja en manos de agentes externos que un día hacen una actividad, y punto”.

Es el caso de la Comisión que preside Martínez Novo, que lleva años acudiendo a colegios para hablar de igualdad de género a los alumnos. Como otras organizaciones sociales que trabajan desde fuera lo que no se trabaja desde dentro de las aulas, cada vez con menos recursos para ello.

“Está claro que en muchos casos los maestros son los primeros que pueden detectar estas situaciones y siempre deberían denunciarlo. Los menores pasan muchas horas con ellos y si estos docentes se convierten en figuras positivas, amigables, proactivas, les pueden ayudar. Pero hay que sensibilizarles. Y dejarles claro que si denuncian, el que investiga es el juez o el fiscal y que, en todo caso, prima el interés del niño que precisa protección”, argumenta Susana Martínez Novo.

RECURSOS DE APOYO

Para facilitarles este paso, no siempre fácil, existe el teléfono de ANAR para adultos (600-50-51-52) y un email que se consulta en su web (www.anar.org). “Deben saber que aquí les orientamos sobre cómo actuar y guardamos el anonimato y la confidencialidad. Es importante que no se queden callados, porque aunque el niño no sea golpeado, sufre un maltrato psíquico que queda grabado en su cerebro para siempre”, insiste Benjamín Ballesteros.

Por otro lado, y aunque a menudo se relaciona a los niños maltratados con casos de fracaso escolar, de agresividad extrema, (“papá siempre gana y quiero ser como él”) o de hiperactividad, Pérez del Campo añade otro perfil más difícil de detectar. “Son los niños de matrícula de honor, los que escapan de su entorno a través de los estudios, los que buscan en clase el reconocimiento que no tienen en su casa”.

Con décadas de dedicación a la protección de las víctimas de esta violencia, Ana María Pérez del Campo no deja de emocionarse ante las vidas truncadas que cada día se cruzan con la suya.

En la antesala de su despacho se siente la tristeza densa y silenciosa de las mujeres que esperan para ser atendidas. Sobre una mesa hay muchos cuentos para entretener a los más pequeños en la espera. “Ahora tengo que hablar con la madre de una niña de 15 años que se suicidó la pasada semana en Madrid. Sufría bulimia, anorexia… Hace años que dejaron de vivir con el padre maltratador, que abusaba también de la hija, y al final se ha quitado la vida. Ella no figura en las estadísticas oficiales”, comenta.

Como abogada, tampoco tiene confianza en que el nuevo Plan de la Infancia sea suficiente: “Leyes tenemos. Pero falta educación, y es lo que no interesa. Además, cuando hay una pandemia hay que aislar del contagio, que en este caso es generacional, y mientras no sea una prioridad evitarlo, no mejoraremos por muchos planes que se hagan”.

Los datos le dan la razón. En el informe de ANAR se refleja también el aumento de casos de violencia de género que sufren menores de edad por sus jóvenes parejas: 122 niñas y adolescentes agredidas en sus primeras relaciones sentimentales.

Estas víctimas, a menudo, ni siquiera identifican las agresiones como tales; las interpretan como juegos a los que se someten en silencio. Ballesteros tiene bien presente la llamada de una niña de 14 años que tenía el cuerpo lleno de moratones porque a su ‘novio’ le gustaba ‘jugar’ a darle puñetazos. “Es alarmante que sean casi niñas, y su número ha aumentado en los últimos cinco años. Por ello, debemos trabajar desde edades muy tempranas para dotarles de habilidades a la hora de resolver conflictos”, defiende Ballesteros.

NIÑOS, AGENTES DEL CAMBIO

En ese camino se encontraron con un niño, en Perú, donde la Fundación también trabaja, que les abrió una puerta insospechada.  Se trataba de un escolar de 12 años que acudió a ANAR tras ser atendido por sus profesionales. Quería ser él quien llevara un programa de formación contra la violencia a sus compañeros de clase. “Su ejemplo cundió en el colegio y por ello recibió un premio de Unicef. Después de aquello decidimos implantar la iniciativa también en España. Este curso, en 13 colegios de todo el país”, explica el responsable de la Fundación.

Se refiere al Programa Buen Trato, mediante el cual son los propios escolares quienes se convierten en agentes de cambio en los colegios. Primero reciben formación por expertos de ANAR y luego trasladan su experiencia a los demás. “Nos encantaría poder extenderlo a más lugares, pero por problemas de presupuesto no alcanzamos a más”, reconoce Ballesteros.

Un reflejo más de las trabas que causa la crisis actual, que disminuye los recursos destinados a estos fines, al mismo ritmo que incrementa los problemas. A nadie se les escapa en ANAR que “el aumento de la frustración que causa el desempleo y, en general, los problemas económicos familiares, son combustible para un estallido de agresividad que aumenta la tensión en los hogares”, recuerda Ballesteros.

María, que vive en su colegio andaluz una tensión manifiesta, decidió tomar la iniciativa el  Día de la Constitución. Proyectó en su aula, en la que estaban Jorge, su camarilla y sus víctimas, un documental que había encontrado sobre el acoso pasivo al que niños como éste sometía a otros escolares. “En la primera parte, podía verse a un pequeño que iba relatando en carteles, porque no podía ni hablar, lo que sufría por el acoso de sus compañeros, hasta que se puso a llorar. Era muy triste, pero la reacción de Jorge fue reírse de su debilidad. Las tornas cambiaron cuando el que salió en la  pantalla fue el acosador, que contaba cómo era maltratado en su propia casa. Fue entonces cuando su fortaleza se derrumbó. Lloraba desconsoladamente”.

Jorge es uno de esos 800.000 ‘invisibles’ de la violencia de género. Una víctima que clama por salir del olvido, sin saberlo.

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