Cuando parecía que ya nada podía ir peor para los investigadores españoles, tras los recortes y el boicot del Ministerio de Hacienda, resulta que el Gobierno logra dar otra ‘vuelta de tuerca’ a los escuálidos presupuestos destinados a la investigación y el desarrollo, para dejarles al albur de los vaivenes económicos y financieros. Y encima  ‘ha sisado’ un 3,3% y en algunos casos el 4% del dinero que ya había concedido oficialmente hace apenas dos meses, aplicando un nuevo recorte a los centros de investigación, y por ende a los que allí trabajan.

 ESMATERIA publicaba hace 15 días ( y el diario EL PAÍS lo hacía el día 23) que las subvenciones al Plan Nacional de I+D bajan para 2013 un 19,5% (los que han tenido la suerte de conseguirlo) y que ese dinero era distribuido en cuatro años, en vez de tres, que es el plazo de ejecución del trabajo. Pero es que, además, el pago de las anualidades  «estará condicionado a los correspondientes informes de seguimiento científico-técnicos y a su valoración positiva, así como a las disponibilidades presupuestarias«. Así lo dice literalmente la Resolución Definitiva de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, con fecha de salida 28 de diciembre.

Laboratorio de biología. | Rosa M. Tristán

La segunda parte de la frase dejó helados a varios renombrados investigadores cuando recibieron el mensaje hace unos días por varias razones. «Eso significa que podemos empezar un proyecto, con lo poco que nos dan, para que luego decidan que no hay presupuesto el año siguiente, que no hay disponibilidad, con lo cual sería tirar el dinero a la basura porque los proyectos son a largo plazo, no se pueden hacer a un año vista», me argumenta uno de ellos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Por otro lado, tampoco les cuadra el sistema de valoración, y no porque  no deban seguir un control en su trabajo, como todo aquel que maneja dinero público (algo que curiosamente no funciona con demasiados cargos públicos en este país) sino porque da la casualidad de que la anualidad a repartir para el primer año (entre todos) es de 81 millones de euros, que es bastante menos que la segunda (97 millones) y la tercera (90,5 millones), aunque más que la cuarta (93 millones). Y es de perogrullo pensar que al poner en marcha un proyecto es cuando se precisan más recursos. Hay proyectos que ni llegan a los 8.000 euros en el primer año y el segundo reciben 50.000 ¿Cómo se pueden esperar grandes y positivos resultados desde el inicio?, se preguntan.

«Al final nos van a exigir que hayamos cumplido con la totalidad de los objetivos previstos para el primer año de tres (bajo amenaza de suspender el proyecto si no se supera la primera evaluación). Todo ello aderezado con el recorte sobre lo solicitado y sobre la redistribución impuesta a la baja para ese crítico el primer año», me indica otro científico.

Lo curioso es que si los mismos criterios se aplicaran a los políticos, me temo que la mayoría no acabaría el primer año de una legislatura, que también son cuatro. Y en su caso, aún tendría lógica, porque ellos son los que administran el todo y desde el primer año de mandato. Con una resolución de este tipo, quien no cumpliera una cuarta parte de programa electoral el primer año, y superara un informe en positivo, sería desahuciado del poder.

Por último, y no menos grave, es el hecho de que el Estado ‘haya sisado’ un 3,3% de media a todos los centros de investigación en los que se han aprobado los proyectos. ¿Dónde se quedó ese dinero? y ¿cuándo ocurrió la sisa? Los proyectos al Plan Nacional se solicitaron al Ministerio de Economía en febrero de 2012 con una previsión de gasto necesario. Tras ser pre-aprobados (en agosto), se aprobaron definitivamente en noviembre con una rebaja sustancial sobre lo pedido, variable de unos casos a otros. En esa aprobación no se incluían los costes indirectos de los proyectos vinculados al CSIC (que siempre han sido un 21% del total y que sufragan los gastos de los investigadores en los centros de investigación). Pero la sorpresa estaba por llegar, con la publicación en el BOE, el 24 de enero, de lo que recibirán finalmente, ¡que tampoco coincide con lo que les habían concedido!

Ese 3,3% de  ‘descuento’  final supone un ahorro a las arcas públicas de unos 10 millones de euros (teniendo en cuenta los 309 millones) y los científicos no sabían a dónde había ido a parar y si se lo restarían de sus fondos, hasta que han sabido que es el porcentaje del CSIC el que ha sido reducido de un 21% a un 17%, como publicaba EL PAÍS al día siguiente de la denuncia en este blog (ahora actualizado).

Si los investigadores del Consejo ya tienen problemas hasta para hacer fotocopias por falta de fondos, si en la Residencia de Estudiantes (también del CSIC) hace ahora una persona el trabajo que hacían antes ocho por los despidos, si ya no hay dinero para mantenimiento básico de los centros, ¿qué pasará con ese casi 4% menos? El colmo es asegurar que sin recortes «los proyectos científicos estarían en peligro», como si ya no lo estuvieran.

Algunos investigadores me sugieren el subtítulo del blog: «Los trileros gobiernan la ciencia oficial». Pero casi lo que pongo en el título…